Con cinco votos a favor y uno en contra el Consejo Deliberante de Lago Puelo aprobó el último viernes la entrega de 127 lotes sociales en el Paraje Cerro Radal a favor de familias seleccionadas a través del Registro Único de Demanda Habitacional.
“Cada día tiene su historia, pero es un antes y un después para nosotros y para toda la comunidad de Lago Puelo, porque finalmente un proyecto que estuvo dando vuelta durante mucho tiempo se pudo concretar”, destacó el viceintendente Márquez.
“Son unas 300 a 400 con la necesidad de contar con su tierra, su solución habitacional, para continuar su proyecto vida”, remarcó.
“Nuestro objetivo era finalizar este año con la entrega de este primer loteo social, en el marco del Registro Único de Solicitantes de Tierra después de la sanción de la ordenanza del Concejo Deliberante allá por febrero. Lamentablemente por la pandemia se fue demorando”, recordó.
“
Pero cumplimos en tiempo y forma con un marco de puntaje para darle total claridad y transparencia sobre quienes están en condiciones de acceder a los lotes sociales”, ponderó.
“Esto es fruto del trabajo permanente del Ejecutivo y los diferentes concejales que acompañaron el proyecto”, reconoció.
“Por un lado son 120 lotes sociales, desde ayer ya vemos a las familias que están identificando y planificando el cerramiento de cada lote, y además van a quedar varios lotes de reserva fiscal y la posibilidad de incorporar algunas áreas de producción como la Bodega Municipal y otros emprendimientos de valor agregado sobre las actividades que tenemos acá”, especificó.
“También quedará una parte para la oferta pública, emprendimientos turísticos y comerciales sobre la Ruta 40, importante para inversiones del sector privado y que va a generar los recursos necesarios y suficientes para resolver una multiplicidad de situaciones como los servicios y las calles”, fundamentó.
“La idea es poner en marcha la urbanización con las luminarias y el acceso al agua. Los proyectos ya están presentados al Enosha con viabilidad de financiamiento, algunos convenios firmados y otros por firmarse y obviamente el sistema de distribución eléctrica como lo establece la Carta Orgánica y las ordenanzas respectivas sobre la calidad de los servicios”, precisó Márquez.
“Tenemos la garantía de que será un proyecto de urbanización planificado y organizado desde el Estado Municipal con la participación de las diferentes fuerzas políticas a través de la representación en el Concejo Deliberante”, sostuvo.
Respecto de la ausencia del Estado Provincial sobre la cesión de tierras, aclaró que “hay una parte de la discusión que después del análisis profundo que hemos hecho y de la conflictiva situación de las ocho hectáreas nos obligó a tomar los recaudos necesarios”.
“En el Registro de la Propiedad no existe ninguna inscripción de dominio por parte de la Provincia, así que ante el abandono del territorio hemos tomado posesión y hemos actuado en función de lo que establece el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y el 77 de la Constitución Provincial que nos exige a los municipios satisfacer las necesidades del acceso a la tierra y las viviendas para los vecinos”, argumentó.
“Además podemos resolver un dilema en el que se utilizó el territorio de nuestro ejido municipal para hacer diferentes tipos de inversiones y negocios que no satisfacían a la comunidad, sino a unos pocos”, cuestionó Márquez.
“Hemos dado vuelta la taba en este sentido, a partir de hoy empezamos a poner en práctica la justicia social y el acceso a la tierra y la vivienda, y liberando las tensiones con el tema de usurpaciones y tomas, en las que siempre hay vivos que se aprovechan, pero también es cierto que la necesidad de la gente la lleva a situaciones críticas. Creo que estamos dando un claro ejemplo de que se puede confiar en el Estado, que hay políticas públicas, que hay acceso a la tierra y vamos a continuar en esta línea”, sentenció.
Sobre las ocho hectáreas tendrán un destino social, indicó que “los equipos técnicos del área Social están trabajando sobre informes y las encuestas socio ambientales, varios de los vecinos que estuvieron ocupando el lugar y están inscriptos en el Registro Único han desarticulado las tomas y se han integrado a las políticas públicas y los que no reúnen los requisitos para estar en esas tierras, seguramente junto con la Justicia y el Área de Desarrollo Social le daremos alternativas, pero si no corresponden, deberán irse”, concluyó Márquez.