El informe publicado destaca que «el Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda es una herramienta de política pública que cumple una doble función para los gobiernos de turno en Argentina. En primer lugar, relacionado con la toma de decisiones políticas, permite contar con información certera en torno al número de habitantes y las condiciones habitacionales en el territorio nacional. El Estado, para poder intervenir con acciones, iniciativas y programas, necesita de datos. En segundo lugar, y relacionado con la representación política, el Censo aporta la base sobre la cual se calcula la cantidad de bancas que le corresponden a cada provincia argentina.
De acuerdo a la Constitución Nacional y a la legislación vigente, los censos se deben realizar cada 10 años. Es una práctica que se ha cumplido de manera constante desde 1960 en adelante, salvo en el año 1990 y 2000 (cuando fueron postergados un año en cada oportunidad por razones de índole presupuestario), y en el 2020 (cuando fue postergado dos años por la pandemia de Covid-19). Sin embargo, a pesar de la regularidad destacada y de la obligación constitucional de actualizar la asignación de las bancas por provincia, la Cámara de Diputados no ha alterado su composición desde el retorno a la democracia en 1983 hasta la fecha.
El Censo 2022 arroja una nueva distribución territorial de la población que impacta de lleno en la cantidad de asientos que le corresponde a cada distrito.
La actual distribución está definida a partir de una serie de Decretos Ley que fueron firmados en las dos últimas dictaduras argentinas. Como bien explica Reynoso (2012), el presidente de facto Alejandro Agustín Lanusse estableció los criterios generales con el Decreto Ley 19.862 en 1972, los cuales fueron ampliados y profundizados por los firmados por el también presidente de facto Reynaldo Bignone en 1983: el Decreto Ley 22.838 del 23 de junio y el 22.847 del 12 de julio. Este conjunto de normas surgidas de gobiernos militares sentaron las bases de la representación democrática actual. Y así se ha mantenido desde entonces.
De acuerdo a la primera norma dictada por Bignone, la representación política para la Cámara de Diputados debe seguir un criterio proporcional de reparto de bancas a partir del método D’Hondt con una barrera electoral del 3% sobre el padrón de cada distrito. Con la segunda norma, el último presidente de la dictadura militar argentina actualizó el criterio de reparto de bancas indicado en la Constitución Nacional. Estableció como base de reparto asignar una banca a cada distrito por cada 161.000 habitantes o fracción mayor a 80.500. Adicionalmente, agregó 3 bancas extras a cada provincia con un piso mínimo de 5 para cada una.
Con esta norma, cualquier provincia argentina tiene como base 5 legisladores para la Cámara de Diputados de la Nación, independiente de si su población es menor al criterio de reparto poblacional establecido. Este punto es relevante cuando analicemos en los últimos apartados algunos casos particulares.
Los datos del Censo 2022 indican que la población total de Argentina es de 46.044.703 habitantes, lo cual representa un incremento del 15% respecto de la computada en el Censo 2010 (40.117.096 habitantes). Yendo al detalle a nivel provincial, la tabla a continuación indica en orden descendente la cantidad de habitantes por distrito junto a la variación intercensal 2010-2022.
El documento Completo:
Fuente: Aguerre, Tomás, Facundo Cruz y Malena Magnasco (2023). Distribuyendo a los representantes.
¿Cómo quedaría la Cámara de Diputados de la Nación a partir del Censo 2022? Serie
CICaDatos. Documento de Trabajo #1. Febrero. Buenos Aires: CICaD. Disponible en https://cicad.ar/2023/02/02/distribuyendo-a-los-representantes/
