El Congreso nacional retomará esta semana su actividad en el marco de las sesiones extraordinarias, con una agenda marcada por la reforma laboral, que aparece como el eje central del temario impulsado por el oficialismo. En paralelo, también figuran el Régimen Penal Juvenil, modificaciones a la Ley de Glaciares y el tratamiento del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.
En el caso de la reforma laboral, el proyecto ya cuenta con dictamen de comisión en el Senado, pero el respaldo político necesario para su aprobación en el recinto aún no está garantizado. Por ese motivo, el Gobierno intensificó las negociaciones contrarreloj con gobernadores y bloques aliados para reunir los votos necesarios y evitar cambios que alteren el texto original.
Desde el Ejecutivo consideran que la reforma es clave para “generar empleo registrado y reducir la judicialización de los conflictos laborales”. En ese marco, funcionarios y referentes del oficialismo mantuvieron reuniones en distintas provincias para asegurar apoyos legislativos.
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En los últimos días, los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca) se reunieron en la Casa de Salta con el ministro del Interior, Diego Santilli, mientras que el mandatario misionero Hugo Passalacqua también aparece como un aliado estratégico. Los mandatarios plantearon la necesidad de compensaciones ante la eventual pérdida de recursos coparticipables derivada de los cambios en el Impuesto a las Ganancias incluidos en el proyecto.
En paralelo, el Gobierno volvió a poner en agenda el Régimen Penal Juvenil, cuyo tratamiento había sido postergado. La iniciativa genera tensiones entre los aliados: mientras el PRO impulsa fijar la edad de imputabilidad en los 14 años, la UCR advirtió que insistir con los 13 podría romper los consensos alcanzados previamente.
Otro de los puntos que genera debate es la propuesta de modificar la Ley de Glaciares, impulsada tras los incendios en la Patagonia. El proyecto redefine el concepto de ambiente periglacial, limita la protección a áreas con función hídrica comprobable y otorga a las provincias la facultad de determinar las zonas alcanzadas por el régimen de protección.
Fuente: Minuto 1.
