En la audiencia de alegatos, el primer funcionario en exponer por parte del Ministerio Público Fiscal fue el doctor Alex Williams: «Oscar Alarcón se enriqueció de manera ilícita cuando ejerció la función pública», aseveró.
Sostuvo que «adquirió en misma fecha y en un pago el edificio de oficinas y terrenos en Playa Unión. En 2007 presentó la primera declaración jurada y en 2008 la última. Si se compara los bienes con los que ingreso y los que tiene claramente se ve el incremento ilícito».
«Quedará demostrado el ilícito del origen del dinero y el elemento espurio de su fuente por lo precios en los que adquirió los bienes», aseguró Williams.
«¿Alarcón tenía esas propiedades al comienzo de la función pública? No. Es imposible de creer su intento para justificar el origen lícito de esos fondos», fundamentó.
«Además Alarcón pagó por una propiedad de 6 millones de pesos en esa época, solo 265 mil pesos, lo que es menor del 5%», cuestionó.
El fiscal también acentuó su acusación contra la pareja del ex director de Protocolo y Ceremonial, Carmela Mirenda: «vino a decir que el dinero era de ella y que como un pareja de buenos samaritanos compraron los bienes de por una cuestión de necesidad de su dueña a un 4% de su valor. Vino y mintió descaradamente ante el Tribunal».
«NO ES MAGO»
Para robustecer la posición del Ministerio Público, el fiscal Rodríguez expuso que «el doctor Gabalachis es uno de los mejores defensores penalistas, pero no es mago».
«A partir de la declaración de Alarcón, Gabalachis tuvo que empezar a armar una estrategia defensiva. Alarcón dijo que el dinero era parte de sus ahorros y otra parte de su señora», agregó.
«Alarcón dijo que el local de oficinas lo compraron en la misma situación y que no invirtieron un solo peso. También dijo que el alquiler del dúplex lo compartía con Mirenda y en cambio su señora dijo que ese alquiler lo paga ella», puntualizó.
«Mirenda en varias partes de su relato sostuvo que lo único que hizo fue darle el dinero para llevar adelante la operación inmobiliaria», recordó.
Remarcó que «Mirenda admitió que obvió la declaración para no tener que pagar al fisco. Dijo que lo hacen todos los comerciantes. Afirmamos que Mirenda no dijo la verdad».
Más adelante, en relación a la declaración de la testigo Bárbara Tocho, Rodríguez aludió que «ubicó el motivo de la venta por un situación económica que estaban transitando en la farmacia. Habla de una relación cercana para la venta y dice que su madre Susana Celis estuvo lúcida en todo momento y que le firmó el poder para vender esos bienes».
Advirtió que «lo que dijo Tocho se contradice con Mirenda, quién contó que en los últimos meses la dueña de los bienes estuvo postrada, lo cual es más creíble en una persona con esa situación de salud».
«Tocho dijo que no tenía más bienes y que no tenía relación con la Sociedad Trival. Luego reconoció que era de su pareja y que eran unas cabañas en las Golondrinas, pero en realidad tiene un quincho, restaurante, 20 cabañas, bungalow, pileta, un predio de 20 mil metros cuadrados», recordó.
«Este complejo de cabañas de 20 mil metros cuadrados es importante porque se realiza después de la venta de los bienes que ella hizo, con un poder firmado por la dueña que no aparece en ningún momento y tal vez sea porque a esa época ya estaba postrada por su enfermedad», recalcó.
¿Es lógico que una mujer que ya se sabía cómo estaba en sus últimos meses, decida vender todos esos bienes a esos precios a una mujer por su buena relación con Mirenda por sobre los intereses de sus hijos a quienes dejó sin herencia?», planteó Rodríguez sobre las circunstancias de la operatorias de los bienes inmuebles que adquirió Alarcón.
MATERIALIDAD DEL HECHO
El representante de la Oficina Anticorrupción, el doctor Mario Romero, consideró que «ha quedado demostrado la materialidad del hecho».
«Se ha demostrado un ilícito que ha dañado el bien jurídico de la administración pública y la lesión afecta el sentido democrático del bienestar colectivo», sostuvo el abogado.
En tanto, el representante de la Fiscalía de Estado, el doctor Castro, analizó que «Alarcón no ha sido claro sobre los montos que utilizó para la compra de los bienes y eso torna inverosímil su teoría. Por eso vemos que están dadas las circunstancias para que esté Tribunal dicte un fallo condenatorio por enriquecimiento ilícito».
«Entendemos que ha quedado demostrado que Alarcón ha incrementado su patrimonio de manera ilegal hasta una suma actual de más de 50 millones de pesos. No existe una fuente legítima compatible con el cargo público», sentenció.
Sergio Miranda, otro de los abogados querellantes que representa a los diputados denunciantes, también hizo suyo los argumentos de los fiscales y pidió que se declaré culpable a Alarcón.
PRESTA NOMBRE
En tanto, el defensor Fabián Gabalachis planteó que «Alarcón no es titular de nada de lo que dice el Ministerio Público Fiscal que es dueño. El solo prestó el nombre para una simulación de propiedad. ¿Qué tiene que hacer Alarcón para que no se lo acuse de enriquecimiento ilicito? Reconocer otro delito?», cuestionó sobre la postura de los fiscales.
En el final de su exposición, Gabalachis solicitó al tribunal la absolución de Alarcón, mientras los querellantes de la Fiscalía de Estado y la Oficina Anticorrupción coincidieron con los fiscales en solicitar que se declare al acusado culpable del delito de enriquecimiento ilícito.
EL JUEVES, EL VEREDICTO
El próximo jueves al mediodía el tribunal conformado por los jueces Marcelo Nieto Di Biase, Mirta Moreno y Sergio Piñeda dará a conocer su veredicto.
