El Gobierno nacional dispuso la desregulación del sistema de aranceles de los colegios privados, en una decisión que pone fin a más de tres décadas de control estatal sobre los valores de matrículas y cuotas. La medida se formalizó mediante el Decreto 787/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial.
Con la norma, el Ejecutivo derogó el Decreto 2417/1993, que desde 1993 establecía la obligación de que las instituciones educativas de gestión privada comunicaran y obtuvieran autorización previa para modificar sus precios. A partir de ahora, los colegios podrán fijar libremente los montos de sus servicios educativos, sin intervención directa del Estado nacional.
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En los fundamentos, el texto sostiene que el esquema vigente “dificultaba la adaptación de los institutos a las realidades educativas y económicas del país”, y remarca que el contexto actual —con la educación bajo gestión provincial— “hace necesario revisar el marco normativo para garantizar la sostenibilidad del sistema privado y el derecho a la educación de calidad”.
El decreto también argumenta que la exigencia de autorización estatal generaba “efectos contraproducentes”, al forzar a los colegios a fijar cuotas más altas por temor a los aumentos de costos no aprobados a tiempo. Según el Gobierno, esa rigidez “afectaba la competencia y perjudicaba a las familias, al limitar su capacidad de elección y generar incertidumbre en los institutos”.
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Además, el Ejecutivo defendió la medida en nombre del principio de libertad de contratación, y señaló que los establecimientos “deberían tener autonomía para definir sus precios, salarios y condiciones de prestación” en función de la demanda y los costos del mercado.
Por último, el decreto instruye al Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, a revisar las disposiciones del Decreto 2542/1991 —base del sistema de financiamiento de la educación privada— y a elaborar una nueva propuesta que consolide un marco “de competencia leal y sostenibilidad económica”.
Fuente: Infobae.
