“Nos hemos enterado que existe un acuerdo entre el fiscal y los abogadores defensores de los imputados de esta causa de violación grupal y bastaría determinarse la fecha de la audiencia en la que el juez aprobaría o no el acuerdo”, señaló Tolosa en diálogo con Radio 3.
“Se trataría de un juicio abreviado que suspendería el juicio oral, lo que para este tipo de delitos requiere el consentimiento de la víctima, y por eso en los espacios en los que estoy no quisiéramos pronunciarnos para respetar la voluntad de la víctima”, recalcó la letrada.
“Lo que sí nos preocupa, nos indigna y nos llama mucho la atención es la fase que uso el fiscal para el acuerdo de caracterizar la violación como un desahogo sexual y que el Ministerio Público Fiscal haya sacado un comunicado confirmando esta frase y explicando que estaba sacada fuera de contexto y que se había dado otra interpretación”, recriminó.
“Pero no es posible darle otra interpretación, ni sacarla ni ponerla en contexto, hablar de desahogo sexual es una ofensa para el sentido común de la sociedad actual y para la conquista de derechos, sobre todo en todo en favor de las mujeres, como si fuera una necesidad fisiológica que requiere liberación y que por tanto una violación estaría casi justificada por esta necesidad”, cuestionó.
“Que lo legitime el Ministerio Público Fiscal en su conjunto, además diciendo que se trata de un tecnicismo que la gente que no es profesional de derecho no puede entender, parece demostrar a un Ministerio Público Fiscal no sólo machista, sino bastante elitista”, remarcó.
“Son términos de la jerga judicial patriarcal y machista, la que también justifica supuestos tecnicismos, que no son tales; como abstinencia sexual incontrolable, provocación por la vestimenta de la víctima, emoción violenta para un femicidio, desahogo sexual. Son todas frases y argumentaciones para legitimar la conducta de violadores y violentos, y con ello lograr su impunidad u otras calificaciones que no son acordes al hecho”, rechazó Tolosa.
“No puedo hablar de la baja de calificación porque justamente eso es lo que precisamente tiene que evaluar el juez para aprobar o no el acuerdo, si las pruebas son acordes a esa calificación o no”, se excusó.
“Claro que hay muchos elementos para tener en cuenta (el calvario de siete años, el intento de suicidio, el cambio de domicilio, las amenazas para que no contara el hecho). Por eso quizás en este eventual acuerdo haya tenido que ver precisamente eso, la revictimización en un juicio oral y sobre todo la sensación de no sentirse acompañada por el Poder Judicial porque si el mismo fiscal habla de desahogo sexual, que queda para los defensores del otro lado, más vale que da miedo, y seguramente la víctima optó por cerrar un acuerdo para terminar con todo esto”, consideró la abogada.
“El fiscal Rivarola no parecer tener la idoneidad para esta ni para otras causas de delitos sexuales”, arremetió la abogada.
“Y también dejan expuesto al Ministerio Público Fiscal en su conjunto por esta declaración justificando el desahogo sexual. Pareciera faltar actualización en derechos humanos de las mujeres y pone en duda su idoneidad para cualquier caso de violencia sexual, esa es la gravedad del asunto”, insistió.
Respecto de otros condimentos extra judiciales, Tolosa sostuvo que “la situación de vulnerabilidad en la que la víctima queda luego del hecho, más la revictimización de la Justicia, la ponen en una situación quizás todavía más vulnerable y que la obligan a aceptar este tipo de acuerdos desventajosos que no son reales o acordes a la calificación”.
“Estamos en una Justicia sin perspectivas de género”, reprobó.
“Otro caso grave es el del ministro Donnet (Superior Tribunal), es su segundo juicio político, está de licencia, pero sigue siendo ministro, sigue cobrando y sigue ocupando un lugar que debería ocupar otra persona”, evaluó.
“Una de las herramientas más importantes que tenemos es la aplicación de la Ley Micaela, es una obligación que tienen todos los poderes visibilizar y capacitar a los funcionarios públicos, sobre todo los del Poder Judicial, para que entiendan que están comprometiendo la responsabilidad internacional del Estado, que ha asumido compromisos en materia de derechos que ellos están incumpliendo”, argumentó.
“En la Provincia el Poder Judicial ha asumido la capacitación en torno a la Ley Micela, aunque en el Gobierno Nacional las capacitaciones abarcan a todos los ministerios, acá yo no sé si Donnet y Rivarola tuvieron la capacitación, pero en todo caso, si la tuvieron, no estaría generando un buen impacto”, criticó Tolosa.
Por último, sobre la sensación de impunidad de la gente común, aseveró que “estamos ante una Justicia claramente patriarcal, machista y elitista, en distintos sentidos”.
“Y justo fue en el Día de ¡Ni Una Menos!, parece que hubiera sido una provocación”, concluyó.
