El Gobierno nacional avanzó con un nuevo paso para acelerar la venta de bienes del Estado al autorizar la licitación pública destinada a contratar plataformas digitales que organizarán remates electrónicos de activos públicos. La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 120/2026 de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).
La iniciativa complementa la Resolución 111/2026, publicada a comienzos de julio, que modificó el régimen de comercialización de bienes muebles estatales para incorporar plataformas privadas y agilizar los procedimientos de venta. El objetivo es reducir los tiempos administrativos y evitar que los bienes pierdan valor mientras permanecen sin uso.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, sostuvo que el sistema anterior generaba demoras excesivas para vender vehículos, mobiliario y otros activos, lo que implicaba mayores gastos en depósitos, seguros y mantenimiento. Además, afirmó que el modelo ya funciona en países como Brasil y Chile.
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La normativa alcanza a una amplia variedad de bienes, entre ellos automóviles, camionetas, motos, camiones, maquinaria pesada, equipos industriales, embarcaciones, aeronaves, equipamiento militar y de seguridad, obras de arte, libros y bienes decomisados que hayan sido declarados en desuso, obsoletos o fuera de servicio.
El nuevo esquema establece que los bienes valuados hasta 400 módulos —equivalentes actualmente a unos 16 millones de pesos— podrán venderse mediante plataformas privadas seleccionadas por licitación. También podrán comercializarse por esta vía aquellos activos que no consigan comprador luego de dos subastas electrónicas, aunque si aparecen varios interesados la operación deberá resolverse mediante un nuevo remate online.
Por otra parte, la reglamentación incorpora mayores requisitos para la venta de bienes registrables, especialmente vehículos, que deberán contar con toda la documentación correspondiente. Además, fija que ningún activo podrá venderse por debajo de su valor contable y prevé tasaciones respaldadas por organismos especializados para garantizar precios acordes al mercado.
FUENTE: ÁMBITO.
IMÁGEN: Mariano Fuchila.
