Tras avanzar con la venta de acciones de AySA, el Gobierno nacional prepara nuevas privatizaciones y concesiones de empresas públicas. La agenda incluye las centrales termoeléctricas de Enarsa, Belgrano Cargas y un posible segundo llamado para vender Intercargo, luego de que la primera licitación quedara desierta.
En el caso de AySA, se presentaron dos ofertas por el 90% de las acciones que pertenecen al Estado. El consorcio integrado por Rowing, Arcos Saneamento e Participações, PHX Aqua y Transclor ofreció US$340,2 millones, mientras que otro grupo empresario presentó una propuesta de US$285 millones. La adjudicación todavía requiere evaluaciones e intervenciones de organismos oficiales.
Para Intercargo, el Ejecutivo analiza modificar las condiciones y relanzar la licitación por el 100% de la compañía estatal que presta servicios aeroportuarios. El primer proceso, declarado desierto en julio, establecía un precio base de US$45 millones. Por ahora, no se informó una fecha para una nueva convocatoria ni el monto que podría fijarse como base.
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En el sector energético, el Gobierno trabaja en los pliegos para vender las participaciones de Enarsa en las centrales termoeléctricas Manuel Belgrano, ubicada en Campana, y José de San Martín, en Timbúes. Ambas instalaciones tienen una potencia cercana a los 800 megavatios cada una. La planificación oficial también contempla una segunda etapa para la central Guillermo Brown.
Otro proceso relevante es el de Belgrano Cargas, cuya licitación para concesionar la operación de las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza prevé la apertura de ofertas el 11 de noviembre a las 10. El esquema contempla concesiones por 50 años, obras obligatorias por al menos US$800 millones y la posibilidad de que los operadores soliciten incorporarse al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
La estrategia oficial apunta a transferir al sector privado la operación de estas compañías y utilizar los recursos obtenidos para cancelar deuda. Según el esquema informado, el 10% de los fondos provenientes de las privatizaciones se destinará a Defensa, mientras que para empresas vinculadas directamente con esa área se prevé una proporción del 70%.
