La Casa Rosada admite que la reforma jubilatoria podría quedar para un eventual segundo mandato de Javier Milei. En paralelo, el PAMI enfrenta dificultades financieras y tensiones políticas internas mientras intenta mantener su cobertura a más de cinco millones de afiliados.
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El Gobierno nacional evalúa una reforma previsional de largo plazo, pero admite que los plazos del mercado laboral y el calendario electoral podrían posponerla hasta 2027. En la Casa Rosada sostienen que las transformaciones estructurales en materia jubilatoria “no tendrán efecto inmediato” y que el objetivo es discutir los cambios en el sistema previsional al inicio de un eventual segundo mandato libertario.
En ese contexto, el PAMI, uno de los organismos más sensibles del sistema social argentino, atraviesa su propio desafío financiero. El déficit de la obra social, que atiende a casi cinco millones de personas, continúa siendo cubierto por transferencias del Tesoro Nacional. “Estamos haciendo el máximo esfuerzo para ser autosustentables sin perder prestaciones”, señalan desde la conducción del organismo.
La menor actividad económica, el envejecimiento poblacional y las restricciones fiscales han agravado el escenario. Según un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP), entre enero y septiembre la Seguridad Social acumuló un déficit de 4,5 billones de pesos, un contraste con el equilibrio que se registraba el año pasado.
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De cara a 2026, las autoridades del PAMI prevén que la recuperación económica mejore los ingresos, aunque el organismo seguiría en terreno deficitario. El 80% del presupuesto continuará destinado a prestaciones médicas y medicamentos. La política de reducir el listado de fármacos con cobertura total se mantendrá, mientras que el foco estará puesto en mejorar los precios de licitaciones y optimizar los contratos más costosos: medicamentos, insumos de hemodinamia y pañales para adultos mayores.
En ese rubro, el cambio en el sistema de entrega de pañales —ahora directamente a domicilio— permitió al PAMI proyectar un ahorro de 5.000 millones de pesos, según datos oficiales. Sin embargo, prestadores y hospitales asociados mantienen reclamos por falta de insumos, como ocurrió en el Hospital Español, donde se denunciaron carencias básicas.
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El aspecto político tampoco pasa inadvertido. Por su amplia presencia territorial, con más de 600 agencias y 38 unidades de gestión local, el PAMI sigue siendo un espacio de disputa entre distintas facciones internas del oficialismo. Las tensiones entre el asesor presidencial Santiago Caputo y el dirigente Eduardo “Lule” Menem derivaron en un comunicado oficial que buscó despejar sospechas: “Las delegaciones de PAMI no serán más una caja negra al servicio de la política”.
Mientras tanto, el titular del PAMI, Esteban Leguízamo, firmó con el gobernador entrerriano Rogelio Frigerio la transferencia del Hospital De la Baxada de Paraná a la provincia, en una estrategia que podría replicarse en otros establecimientos, como el Hospital del Bicentenario de Ituzaingó.
Fuente: Infobae
Foto: Archivo
