La jueza Martina Forns frenó por seis meses el decreto que impulsaba la eliminación del organismo. El Ejecutivo recurrirá la medida tras la feria judicial y ratificó que llevará el caso “hasta el final”.
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El Gobierno nacional apelará la medida cautelar que suspendió por seis meses la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad, según confirmaron fuentes oficiales. La resolución fue dictada por la jueza Martina Forns, del Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín, en respuesta a una demanda presentada por el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (SEVINA).
El decreto 461/2025, que había sido impulsado por la Secretaría de Transporte, buscaba reestructurar organismos, incluyendo la eliminación de Vialidad Nacional, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial. La jueza ordenó al Ejecutivo que se abstenga de ejecutar cualquier acto administrativo vinculado al decreto, como traslados, cesantías, reubicaciones o supresiones de estructuras.
Desde la Casa Rosada adelantaron que apelarán la decisión ante la Cámara del fuero, aunque lo harán luego de la feria judicial que rige entre el 21 de julio y el 1 de agosto. “Acá todo se apela. Vamos a ir hasta el final”, señalaron fuentes del oficialismo.
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En su fallo, Forns argumentó que Vialidad Nacional “es una entidad autárquica de derecho público” con personalidad jurídica propia, regulada por el decreto ley 505/1958, y remarcó que sus trabajadores están amparados por la Ley de Contrato de Trabajo. La jueza también cuestionó las facultades delegadas al Ejecutivo, que no incluirían la atribución de eliminar organismos con rango autárquico.
La Procuración del Tesoro de la Nación, encabezada por Santiago Castro Videla, estará a cargo de la apelación. Participan también la Secretaría Legal y Técnica, dirigida por María Ibarzabal, y el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, quienes integran la mesa técnica que prepara la estrategia judicial.
El plan del Gobierno para Vialidad contempla dejar sin funciones a más de 5100 empleados públicos, que pasarían a disponibilidad con un año de goce de sueldo y posibilidad de ser capacitados para nuevas funciones. En caso de no ser reubicados, recibirían una indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada año trabajado o fracción mayor a tres meses.
Fuente: TN
Foto: Archivo
