La decisión judicial seguirá vigente mientras la Cámara Federal de San Martín analiza el recurso presentado por el Ejecutivo nacional, que cuestiona la implementación inmediata de la norma sancionada por el Congreso.
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El Gobierno nacional apeló este jueves la resolución del juez federal de Campana, Adrián González Charvay, que ordenó la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, una norma sancionada por el Congreso en julio de 2025 y que había sido objetada por el Poder Ejecutivo por razones fiscales. La presentación fue realizada por el Procurador del Tesoro, Santiago Castro Videla, junto al abogado Julio Comadira, y fue concedida con efecto devolutivo, por lo que el fallo continúa vigente hasta que se pronuncie la Cámara Federal de San Martín.
El magistrado también otorgó al Estado un plazo de cinco días para que fundamente de manera detallada su apelación. La causa se originó a partir de un amparo colectivo impulsado por padres de niños con discapacidad, quienes denunciaron que la demora en la puesta en marcha de la ley dejaba sin cobertura a miles de personas que dependen de prestaciones esenciales de salud, educación e integración social.
La Ley 27.793 declaró la emergencia en discapacidad hasta fines de 2027, pero su implementación fue condicionada por el Ejecutivo mediante el Decreto 681/2025, que exigía al Congreso precisar las fuentes de financiamiento. Para el juez González Charvay, esa exigencia resulta inconstitucional, ya que contradice el deber de promulgación de las leyes y limita una norma ratificada por el Poder Legislativo.
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En su fallo, el juez sostuvo que el argumento fiscal no justifica la paralización de la ley y recordó que el Congreso habilitó al Jefe de Gabinete a realizar reasignaciones presupuestarias. Además, remarcó que desde diciembre de 2023 se efectuaron numerosas modificaciones en el presupuesto para otros fines, lo que descartaría la imposibilidad financiera alegada por el Gobierno.
Desde el Ministerio de Salud, en tanto, defendieron la postura oficial y señalaron que aplicar la norma sin una previsión clara de fondos podría comprometer la estabilidad fiscal y afectar otros programas prioritarios. No obstante, la sentencia subrayó la urgencia de la situación que atraviesan las personas con discapacidad, especialmente niños y adultos mayores, y la obligación del Estado de garantizar una protección reforzada de sus derechos.
Ahora será la Cámara Federal de San Martín la encargada de definir si mantiene o revoca la decisión que ordena la plena vigencia de la Ley de Emergencia en Discapacidad, mientras el fallo continúa teniendo efectos prácticos.
Fuente: TN
Foto: Archivo
