El oficialismo avanza con su estrategia legislativa para sancionar la reforma de la Ley de Glaciares y ya definió un cronograma ajustado en la Cámara de Diputados. La intención es obtener dictamen el próximo martes en comisión y llevar el proyecto al recinto al día siguiente, con el objetivo de convertirlo en ley antes de que finalice la semana.
La iniciativa, impulsada por el bloque de La Libertad Avanza, propone redefinir el alcance de las zonas protegidas, especialmente en áreas periglaciares, con el fin de habilitar actividades de exploración y explotación económica que actualmente se encuentran restringidas por la normativa vigente. Este punto es uno de los más controvertidos, ya que implica un cambio sustancial en los criterios de protección ambiental.
El esquema de trabajo contempla un plenario de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales, donde se espera la participación de gobernadores de provincias mineras que respaldan el proyecto. Entre ellos se encuentran Raúl Jalil, Marcelo Orrego, Gustavo Sáenz y Alfredo Cornejo, quienes consideran clave avanzar con esta reforma para brindar previsibilidad a las inversiones mineras.
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El proyecto ya cuenta con media sanción del Senado, donde fue aprobado a fines de febrero, y el oficialismo confía en reunir los votos necesarios en Diputados para completar su aprobación. Según estimaciones del propio bloque, podrían alcanzar el quórum y la mayoría con el apoyo de aliados parlamentarios como Innovación Federal, Producción y Trabajo, Fuerzas del Cambio y algunos representantes de Provincias Unidas.
La discusión se da en un contexto de fuerte debate público, luego de las audiencias realizadas a fines de marzo, en las que participaron cientos de expositores. Organizaciones ambientalistas y sectores de la oposición cuestionaron el alcance de la convocatoria y advirtieron sobre los posibles impactos ambientales de flexibilizar la protección en zonas sensibles como los glaciares y su entorno.
Uno de los ejes centrales del proyecto es la transferencia de mayores facultades a las provincias para definir qué áreas deben ser protegidas y cuáles pueden destinarse a actividades productivas. Este cambio reduce el rol del Estado nacional en la regulación ambiental, un punto que genera tanto respaldo en provincias con desarrollo minero como críticas de quienes alertan sobre un posible debilitamiento de los controles.
Fuente: Baenegocios.
