El Gobierno nacional decidió postergar cualquier definición sobre las vacantes en la Corte Suprema de Justicia, así como en fiscalías, juzgados y defensorías, hasta después de las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre. La estrategia apunta a fortalecer su representación parlamentaria y así aumentar sus chances de aprobar los pliegos de los nuevos magistrados.
En noviembre de 2024, el Ejecutivo había anunciado el envío de propuestas para cubrir cargos en la Justicia, pero finalmente nunca las giró al Senado, cámara que debe otorgar la aprobación. Por otro lado, sí elevó de manera separada los nombres de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para integrar la Corte, pero sus postulaciones no prosperaron ante el rechazo de la mayoría kirchnerista en la Cámara Alta.
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De acuerdo con datos del Consejo de la Magistratura, existen actualmente 184 vacantes en juzgados federales y 127 en otras jurisdicciones. Además, 161 cargos fiscales y 80 en defensorías públicas permanecen sin cubrir. Aunque el Poder Judicial presiona por acelerar estos nombramientos, el Gobierno optó por esperar y negociar tras el recambio parlamentario.
Una de las alternativas que evalúan en Casa Rosada es la ampliación del número de miembros en la Corte Suprema, una idea que no cuenta aún con apoyo explícito, pero que permitiría distribuir los cargos entre diferentes fuerzas políticas. Propuestas con siete o nueve miembros están sobre la mesa como forma de sortear el freno kirchnerista.
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Los encargados de llevar adelante esta estrategia son Santiago Caputo, asesor presidencial, y Sebastián Amerio, secretario de Justicia. Ambos también siguen de cerca la negociación por la designación del Procurador General de la Nación, hoy en manos interinas de Eduardo Casal, un puesto clave con el avance del nuevo Sistema Acusatorio que fortalece el rol de los fiscales en la investigación penal.
Fuente: TN.
