Con el DNU 340/2025, el presidente Javier Milei amplió el listado de actividades esenciales que deberán operar parcialmente aun en contextos de protesta gremial. Duras críticas de la CTA Autónoma.
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El Gobierno nacional oficializó este lunes el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 340/2025, una normativa que restringe el ejercicio del derecho a huelga al imponer la obligación de mantener entre un 50% y un 75% de funcionamiento en sectores estratégicos, incluso durante conflictos sindicales.
La medida, publicada en el Boletín Oficial, establece que «los conflictos colectivos que pudieren afectar la normal prestación de servicios esenciales o actividades de importancia trascendental quedan sujetos a las siguientes garantías de prestación de servicios mínimos». En este marco, los servicios esenciales deberán mantener una cobertura mínima del 75% de sus operaciones, y los de importancia trascendental al menos el 50%.
Hasta ahora, el listado de servicios esenciales incluía únicamente áreas como salud, agua, energía y telefonía. Sin embargo, con esta nueva normativa, se incorporaron sectores como la educación, las telecomunicaciones, el transporte y el comercio exterior, lo que amplía de manera considerable el alcance de esta restricción sindical.
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El decreto suma como esenciales a los servicios farmacéuticos, el transporte y distribución de medicamentos, las comunicaciones por internet y satélite, la actividad portuaria, el transporte marítimo y fluvial, las tareas aduaneras y migratorias, el cuidado infantil y la enseñanza en todos sus niveles.
La decisión forma parte de una batería de reformas orientadas a desregular sectores estratégicos, especialmente en el ámbito marítimo y logístico. El texto fue firmado por el presidente Javier Milei y varios de sus ministros, entre ellos Patricia Bullrich (Seguridad), Federico Sturzenegger (Desregulación del Estado) y Luis Caputo (Economía).
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El anuncio generó reacciones inmediatas desde el sindicalismo. El secretario general de la CTA Autónoma, Hugo «Cachorro» Godoy, denunció que esta iniciativa retoma puntos ya contenidos en el DNU 70/2023, el cual fue declarado inconstitucional por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. “Esta nueva ofensiva autoritaria representa un ataque directo a los derechos constitucionales. No lo vamos a permitir”, expresó Godoy en su cuenta oficial de X.
La implementación de este decreto promete generar nuevos roces entre el Gobierno y las organizaciones sindicales, que ya anticiparon medidas judiciales y protestas para frenar su aplicación.
Fuente: Noticias Argentinas
Foto: Archivo
