El Gobierno nacional redobló su ofensiva judicial contra Cristina Kirchner en el marco de la causa Vialidad.
Tras el rechazo de la Cámara Civil y Comercial a un pedido de caducidad presentado por su defensa, la Dirección Nacional de Vialidad informó al juez Marcelo Bruno Dos Santos que la sentencia penal quedó firme. Ahora, busca avanzar con la demanda por $22.300 millones por daños y perjuicios al Estado.
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La ex presidenta, que se encuentra detenida con tobillera electrónica en un domicilio judicializado, enfrenta además el decomiso de bienes y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. El fallo del Tribunal que la condenó también estableció que el perjuicio económico generado por la adjudicación fraudulenta de obras públicas podría alcanzar, e incluso superar, los $86.000 millones.
El origen de la demanda se remonta a las 51 licitaciones que recibió Lázaro Báez, empresario cercano al kirchnerismo, por obras que no fueron completadas pese a haber sido cobradas. En los fundamentos de la sentencia, se indicó que existió “una extraordinaria maniobra fraudulenta” que afectó gravemente los intereses de la administración pública.
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Por su parte, la Dirección de Vialidad aportó el reciente fallo de la Corte Suprema como respaldo para sostener la vigencia del reclamo económico. La administración de Javier Milei manifestó su decisión de continuar con la demanda y solicitar que el monto sea actualizado de acuerdo con las pericias ordenadas por el juez Jorge Gorini, lo que podría duplicar la cifra actual.
Además, el Cuerpo de Peritos Tasadores de la Corte está calculando el valor real del perjuicio económico. El Gobierno se propone recuperar al menos una parte significativa de los fondos desviados y considera que la demanda por $22.300 millones representa solo una fracción del daño total estimado.
Fuente: Clarín.
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