Con la Resolución 49/2025, la ANMAC elimina exigencias burocráticas para distribuidores, talleres, fábricas de armas y entidades de tiro, en el marco del plan de simplificación administrativa de Javier Milei.
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El Gobierno nacional oficializó una flexibilización clave para el mercado legal de armas y municiones, al eliminar la exigencia de contar con habilitaciones municipales e inscripciones específicas para múltiples actores comerciales e industriales del sector. La medida se formalizó a través de la Resolución 49/2025, publicada en el Boletín Oficial y firmada por el director de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), Juan Pablo Allan.
Esta desregulación forma parte del programa de simplificación administrativa impulsado por la gestión de Javier Milei, y tiene como objetivo reducir lo que el Gobierno considera una “carga normativa excesiva” generada por regulaciones locales heterogéneas. En la actualidad, Argentina cuenta con cerca de 2.000 municipios con normativas dispares que, según los fundamentos oficiales, entorpecen el funcionamiento de los usuarios registrados del mercado legal de armas.
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¿A quiénes beneficia la medida?
La resolución impacta directamente sobre:
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Distribuidores mayoristas y minoristas de armas y municiones
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Talleres de reparación de armas
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Fábricas artesanales con producción anual menor a 1.200 unidades
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Plantas de recarga de municiones
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Fábricas de municiones y componentes
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Depósitos habilitados
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Entidades de tiro con instalaciones propias
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Plantas de destrucción de materiales especiales
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Estos usuarios ya no deberán acreditar habilitaciones municipales ni presentar inscripciones específicas adicionales ante la ANMAC, aunque seguirán obligados a cumplir con las condiciones de seguridad para el almacenamiento y resguardo de materiales controlados, de acuerdo con la normativa vigente.
“Contar o no con la habilitación de ANMAC no exime del cumplimiento de otras normativas locales o nacionales”, aclara la resolución.
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En paralelo, la ANMAC avanzó con un nuevo mecanismo para el reaprovechamiento de armas decomisadas, que ahora podrán ser reutilizadas por fuerzas federales bajo orden del Ministerio de Seguridad. Esta disposición está contemplada en un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por el presidente Javier Milei.
Una vez que exista sentencia firme, la ANMAC tendrá la facultad de decidir si las armas serán destruidas o reasignadas con fines de interés público, pero exclusivamente para su uso en fuerzas de seguridad federales. Esta estrategia busca optimizar recursos estatales y fortalecer el combate contra el crimen organizado, según se argumenta oficialmente.
Fuente y foto: Ámbito Financiero
