El Gobierno Nacional, a través de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), intervino cinco obras sociales sindicales tras detectar serias irregularidades en su administración. Entre los problemas identificados se destacan la falta de entrega de medicamentos a los afiliados, un manejo opaco de los millonarios subsidios que reciben del Estado y la acumulación de miles de reclamos no resueltos. En un caso, una de las obras sociales intervenidas acumulaba más de 25 mil quejas sin respuesta.
MIRÁ TAMBIÉN | Renuevan el alerta por fuertes vientos en el sur y centro del país
Estas obras sociales, que manejan grandes sumas de dinero provenientes de los aportes de los trabajadores, son controladas por algunos de los gremialistas más poderosos de la Confederación General del Trabajo (CGT). La intervención sacó a la luz un sistema plagado de irregularidades, con deudas multimillonarias con prestadores y falta de transparencia en el uso de los fondos públicos. Además, se descubrió que algunas de estas entidades estaban desviando los aportes de sus afiliados hacia cuentas sindicales en lugar de utilizarlos para la atención de la salud.
En paralelo, la SSS también dio de baja a 114 prepagas «fantasmas», que, tras inscribirse como empresas de medicina, nunca presentaron ningún documento oficial ni cumplieron con las regulaciones. El organismo está trabajando para garantizar que los aportes de los afiliados lleguen directamente a los servicios de salud que elijan, evitando intermediarios y cajas negras que absorben parte de esos recursos sin agregar valor.
El caso más emblemático de las intervenciones fue el de la Obra Social de los Trabajadores Rurales y Estibadores (OSPERA), que solicitó 3.300 millones de pesos en ayuda financiera, mientras acumulaba una deuda de 43 mil millones de pesos y pagaba sueldos desmedidos a su directorio. Estas intervenciones son parte de un reordenamiento general del sistema de salud que busca poner fin a los abusos financieros y mejorar la calidad de los servicios prestados a los afiliados.
MIRÁ TAMBIÉN | Inician la producción en la plataforma Fénix en el Mar Austral
El Gobierno y la SSS, encabezados por Gabriel Oriolo y el médico Claudio Stivelman, intensificaron las auditorías y controles sobre las obras sociales y las prepagas, aplicando multas récord en los primeros meses de 2024. Se espera que el proceso continúe, con más sanciones e intervenciones a entidades que no cumplan con los estándares requeridos.
Fuente: Infobae.
Foto: El Auditor.
