El Gobierno nacional introdujo cambios en el régimen de contrataciones del Estado con el objetivo de impedir que empresas ligadas a hechos de corrupción puedan acceder a contratos de obra pública, bienes o servicios. La medida fue oficializada mediante el Decreto 5/2026, publicado este martes en el Boletín Oficial.
A partir de la nueva normativa, quedarán excluidas aquellas firmas que registren conductas corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas u obstructivas. En ese marco, los organismos estatales deberán verificar que los oferentes no figuren en las listas de inhabilitados elaboradas por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
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Desde el Ejecutivo remarcaron que la contratación pública debe desarrollarse bajo principios de integridad, transparencia, eficiencia y rendición de cuentas. Según se indicó, el sistema previo no permitía corroborar de manera adecuada, al momento de adjudicar, los antecedentes internacionales de las empresas participantes.
El decreto sostiene que la corrupción impacta de manera directa en la confianza ciudadana, afecta la calidad de los servicios que brinda el Estado y provoca un uso ineficiente de los recursos públicos, lo que termina debilitando el crecimiento económico y el desarrollo del país.
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En ese sentido, el Gobierno reafirmó el rol del Estado en la prevención y el combate del cohecho transnacional, a través de sanciones penales, civiles y administrativas. Entre estas últimas, se destaca la exclusión e inhabilitación de empresas en los procedimientos de selección para la adjudicación de contratos públicos.
Fuente: TN.
