El Gobierno nacional reiteró ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) su pedido para que la dirigente social Milagro Sala vuelva a cumplir su condena en una unidad penitenciaria. La presentación fue realizada por el Ministerio de Justicia, que reclamó el cese de la medida que le permite permanecer bajo prisión domiciliaria desde 2017.
A través de un comunicado, la cartera que conduce Mariano Cúneo Libarona informó que la Subsecretaría de Derechos Humanos volvió a solicitar ante la CIDH “el cese de la medida que, por decisión de ese tribunal, mantiene a Milagro Sala bajo prisión domiciliaria”, para que su detención sea efectiva y termine de cumplir su condena en la cárcel.
Desde el Ministerio sostuvieron que la exlegisladora jujeña y líder de la organización Tupac Amaru fue condenada por delitos vinculados a asociación ilícita, fraude a la administración pública, extorsión y amenazas, y remarcaron que cuenta con una condena firme de 15 años de prisión e inhabilitación absoluta. En ese marco, afirmaron que debería cumplir su pena “sin privilegios, como el resto de los delincuentes”.
MIRÁ TAMBIÉN: Habló el juez amenazado por una patota armada en San Martín
En los fundamentos presentados ante la CIDH, el Gobierno rechazó las denuncias de “hostigamiento judicial” formuladas por la defensa de Sala y acompañó documentación sobre su situación actual. Según el Ministerio, la evidencia demuestra que la dirigente violó las condiciones de la prisión domiciliaria al cambiar de domicilio sin autorización judicial, lo que activó alertas del sistema de monitoreo electrónico y derivó en medidas de control propias del régimen de ejecución penal.
Desde la cartera de Justicia señalaron que presentar esas acciones como hostigamiento “busca invertir la carga de los hechos y construir un relato para sostener un privilegio”. Además, subrayaron que el Estado argentino cumple con sus obligaciones internacionales y cuestionaron que la medida dispuesta por la CIDH se haya convertido “en un beneficio que mantiene en la comodidad de su hogar a una persona con condena firme”.
Finalmente, el Gobierno afirmó que “en la nueva Argentina del presidente Javier Milei se terminaron los privilegios de la casta” y remarcó que los derechos humanos “no están para blindar a condenados ni garantizar impunidad”. “Hay un solo lugar para los criminales: la cárcel”, concluyeron.
Fuente: TN.
