El Gobierno nacional oficializó este martes la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA), la compañía estatal que opera las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse. La medida se instrumenta a través del Decreto 695/24, que establece la venta del 49% del capital accionario, mientras que el Estado conservará el 51% para mantener el control estratégico de la firma.
Según lo dispuesto, un 44% de las acciones será ofrecido en bloque mediante licitación pública, abierta a inversores nacionales e internacionales. El proceso estará a cargo del Ministerio de Economía, junto con la Agencia de Transformación de Empresas Públicas. En paralelo, se pondrá en marcha el Programa de Propiedad Participada (PPP), que permitirá a los trabajadores acceder al 5% del capital de la compañía.
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El decreto subraya que todas las decisiones estratégicas —como la construcción de nuevas instalaciones, la expansión de capacidad o el cierre de centrales— deberán ser aprobadas por el Estado, en el marco de la Ley de Bases 27.742. De esta manera, se busca garantizar el control sobre un sector clave de la matriz energética nacional.
Las autoridades remarcaron que Nucleoeléctrica requiere financiamiento complementario para proyectos estratégicos. Entre ellos, se destacan la extensión de vida de Atucha I, que volvería a operar en 2027, y la construcción del Almacenamiento en Seco de Elementos Combustibles Gastados II, esencial para la continuidad de Atucha II.
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Actualmente, la participación accionaria de NA-SA está distribuida en un 79% bajo control del Ministerio de Economía, un 20% en manos de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y un 1% de Energía Argentina S.A. (Enarsa). El nuevo esquema obliga a estas últimas a transferir sus acciones a la Secretaría de Energía, que será la responsable de encarar la licitación. El área que conduce Luis Caputo fue designada como autoridad de aplicación del proceso.
Fuente: Infobae.
