El Gobierno de Javier Milei lleva adelante gestiones ante la administración de Donald Trump para que el Departamento de Justicia de Estados Unidos investigue penalmente el ingreso, la administración y la salida de la familia Eskenazi de YPF. La estrategia oficial busca sumar elementos que permitan fortalecer la posición argentina frente a los millonarios litigios que se tramitan en Nueva York.
Según una investigación periodística de La Nación citada por Noticias Argentinas, funcionarios de primera línea de la administración libertaria mantuvieron reuniones reservadas con representantes del Gobierno estadounidense para intentar que se abra una causa penal vinculada con la adquisición de acciones de la petrolera durante el kirchnerismo. El foco estaría puesto en determinar si existieron irregularidades o hechos de corrupción en la operación.
La investigación que pretende impulsar la Casa Rosada apunta principalmente a la participación de la familia Eskenazi y el Grupo Petersen, que adquirieron el 25% de las acciones de YPF durante los gobiernos kirchneristas. El objetivo sería establecer cómo se produjo el ingreso al capital de la compañía, cómo fue administrada esa participación y cuáles fueron las circunstancias de su posterior salida.
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Una estrategia para enfrentar el juicio en Nueva York
Para el Gobierno argentino, una eventual investigación penal que demostrara que la adquisición de las acciones tuvo un origen fraudulento podría convertirse en un elemento relevante para cuestionar las demandas civiles que enfrenta el país en los tribunales estadounidenses. La expectativa oficial es que una causa de este tipo pueda contribuir a frenar, congelar o eventualmente neutralizar los reclamos millonarios vinculados con la estatización de YPF.
La ofensiva se produce, además, después de un cambio importante en el frente judicial. La Cámara de Apelaciones de Nueva York revocó una sentencia previa que obligaba a la Argentina a pagar más de US$16.000 millones por la estatización de YPF. Ese fallo modificó el escenario de la disputa y representa un elemento favorable para la estrategia jurídica del Estado argentino.
La idea de recurrir al Departamento de Justicia estadounidense no es nueva. En 2025 ya habían trascendido propuestas de estudios jurídicos de Estados Unidos para presentar una denuncia penal contra la familia Eskenazi por su ingreso a YPF. Aquellas iniciativas planteaban que una investigación criminal podría aportar herramientas diferentes de las disponibles en el proceso civil, incluso para investigar posibles maniobras financieras y obtener información que no necesariamente estaría disponible en un litigio convencional.
Fuente: Noticias Argentinas.
