En un ajuste de recursos, el gobierno de Javier Milei dio de baja más de 2.400 contratos irregulares en el Ministerio de Justicia y eliminó casi 1.800 pensiones por invalidez fraudulentas en Chaco.
El gobierno de Javier Milei ha iniciado un proceso de optimización de recursos que incluyó la rescisión de más de 2.400 contratos irregulares en el Ministerio de Justicia. Según el vocero presidencial, Manuel Adorni, estos contratos, gestionados por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), se mantenían fuera de los mecanismos establecidos por el sistema nacional de empleo público durante años, y fueron finalmente dados de baja.
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En paralelo, la administración nacional también anunció la eliminación de 1.796 pensiones por invalidez en la provincia de Chaco. De acuerdo con una auditoría de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), estas pensiones no cumplían con los requisitos establecidos o eran fraudulentas. De un total de 2.344 beneficiarios, solo el 15% cumple con las condiciones para acceder a los beneficios, lo que evidencia una notable irregularidad en la asignación.
Asimismo, Adorni informó que el gobierno también eliminó los incentivos salariales al personal del Ministerio de Justicia, los cuales, inicialmente destinados a capacitar a los empleados, se convirtieron en un gasto fijo que representaba $15.600 millones anuales, sin justificar una contraprestación adecuada. Esta medida forma parte de los esfuerzos para reducir el gasto público y mejorar la eficiencia del Estado.
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Otro anuncio relevante fue la decisión de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), dependiente del Ministerio de Transporte, de poner fin a los pagos a la Unión Tranviarios Automotor (UTA) por las capacitaciones requeridas para obtener licencias de conductor profesional. Este diseño, que alcanzó más de $11.000 millones anuales desde 2019, ahora será abierto a otras entidades.
Fuente: La Gaceta
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