El ENRE afirmó que el apagón que afectó a casi un millón de usuarios se originó en una falla en la subestación Bosques y expuso graves falencias operativas.
Tras el masivo corte de energía eléctrica que afectó a cerca de un millón de usuarios de Edesur durante la madrugada en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Gobierno nacional emitió un comunicado en el que responsabilizó a la distribuidora y advirtió que la red se encontraba “altamente exigida y con escaso margen operativo”.
Según se informó oficialmente, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) realizó un seguimiento en tiempo real del evento y detectó cables operando por encima del 100% de su potencia nominal, además de transformadores con niveles de cargabilidad alarmantes. El suministro comenzó a restablecerse durante la mañana, aunque todavía persistían usuarios sin servicio.
Desde la empresa Edesur indicaron que el corte se originó por la explosión de un transformador de corriente en la subestación Bosques. No obstante, el Gobierno remarcó que se trató de una falla en instalaciones bajo exclusiva responsabilidad de la distribuidora, en un contexto de infraestructura “muy tensionada”.
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En ese marco, el ENRE señaló que la situación refuerza la necesidad de profundizar los controles y exigencias sobre la empresa. Además, recordó que durante 2025 las distribuidoras del AMBA acumularon 108 sanciones por un total de $53.750 millones: Edesur recibió multas por $41.393 millones y Edenor por $12.357 millones, montos que se acreditan automáticamente a los usuarios.
Por otra parte, fuentes oficiales indicaron que la Secretaría de Energía había advertido previamente sobre el plan de verano 2025–2026 de Edesur, al considerar que presentaba mayores riesgos operativos. Entre los principales problemas detectados se mencionaron redes y subestaciones sobreexigidas, menor cantidad de cuadrillas por usuario y falta de definición en los tiempos de reposición del servicio.
Finalmente, desde el Gobierno señalaron que, tras la recomposición tarifaria, las empresas ya no tienen margen para evitar inversiones y no descartaron evaluar la quita de concesión si las fallas persisten. En paralelo, destacaron el avance de un plan nacional de ampliación del transporte eléctrico, con inversiones privadas por más de 6.000 millones de dólares, y la futura incorporación de almacenamiento de energía en baterías en el AMBA.
Fuente: TN.
