La reforma busca ampliar las competencias de la Dirección Nacional de Migraciones, profundizar el control de antecedentes y evaluar nuevos requisitos de visa para ciudadanos de países considerados de baja vigilancia.
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El Gobierno nacional avanza en la redacción de un nuevo decreto que reformará el funcionamiento de la Dirección Nacional de Migraciones, organismo que depende del Ministerio de Seguridad, con el objetivo de endurecer la política migratoria y reforzar los controles en las fronteras argentinas. La iniciativa se enmarca en una estrategia de seguridad más estricta y complementa los cambios introducidos por el DNU 366/2025, publicado en mayo de este año.
Según fuentes oficiales, la intención es fortalecer el rol de Migraciones y subsanar aspectos que quedaron pendientes tras la última modificación del régimen migratorio. La nueva normativa buscará otorgarle mayores competencias al organismo para implementar una política más restrictiva, especialmente en relación con los países considerados de baja vigilancia.
Entre las medidas en análisis se encuentra un control más exhaustivo de los antecedentes de quienes ingresan al país, así como la posible exigencia de visa para ciudadanos de determinadas naciones. Actualmente, ese requisito ya rige para visitantes de varios países asiáticos y africanos, y el Ejecutivo evalúa ampliar la lista como parte de la nueva doctrina de seguridad.
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El decreto se sumaría a las disposiciones ya vigentes que endurecieron las condiciones de ingreso y permanencia en la Argentina. El DNU 366/2025 estableció, entre otros puntos, un mayor control sobre las personas que acceden al sistema de asistencia social, la deportación de extranjeros condenados por delitos cometidos en el país y el pago de servicios de salud y educación por parte de quienes no tengan residencia regular.
Además, la normativa actual fijó que las personas en situación migratoria irregular solo pueden acceder a la atención gratuita en casos de emergencia, marcando una diferencia con el régimen anterior. También se estableció que la ciudadanía argentina solo se otorgará a quienes acrediten dos años de residencia continua en el país, sin salidas al exterior durante ese período.
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Desde el Ejecutivo sostienen que el nuevo decreto apunta a cerrar vacíos normativos y consolidar una política migratoria más estricta. “La idea es fortalecer el rol de Migraciones y la política migratoria en general, con una doctrina de seguridad más dura”, indicaron fuentes oficiales.
En ese sentido, el vocero presidencial y actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ya había remarcado al anunciar la reforma previa que quienes ingresen o permanezcan de forma irregular en el país “ya no van a ser recompensados con la ciudadanía”, una línea que el Gobierno busca profundizar con esta nueva iniciativa.
Fuente: TN
Foto: Archivo
