Las deportaciones de Trump reactivaron un complejo y lucrativo sistema en el que empresas privadas gestionan cada etapa del proceso migratorio. Según el Observatorio Comunican, los contratos superan los 13 mil millones de dólares en la última década, y solo en 2025 el gasto aumentó un 50%.
La administración republicana impulsa la creación de cárceles en el extranjero para migrantes considerados “peligrosos”, con instalaciones similares al Cecot en El Salvador, denunciadas por sus condiciones inhumanas. El plan contempla habilitar 100.000 camas, más del doble de la capacidad actual.
Compañías tecnológicas, aerolíneas y operadores carcelarios como GEO Group y CoreCivic se benefician del modelo. Estas empresas no solo obtienen jugosos contratos, sino que financian campañas políticas ligadas al endurecimiento de la política migratoria, según denuncias del Observatorio.
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La estrategia de Trump incluye acuerdos con más de 20 países para externalizar las deportaciones. Algunos de los destinos más polémicos son Libia y Ruanda, señalados por graves violaciones de derechos humanos. Incluso Ucrania fue presionada para aceptar migrantes a cambio de negociaciones sobre recursos estratégicos.
El Congreso estadounidense debate el financiamiento de estas medidas, mientras crecen las críticas por la criminalización de comunidades migrantes, las condiciones insalubres en centros de detención privados y la falta de controles sobre las empresas beneficiarias del sistema.
Fuente: Telesur.
