«Estamos viviendo un período de excepción constitucional, hay una serie de derechos que se soslayan en función de otros derechos considerados más importantes. La medida de aislamiento nos priva a nosotros de circular libremente, de reunirnos, de estudiar y en muchos casos de trabajar, porque se pondera otros derechos como la salud y el derecho a la vida», analizó Gómez Lozano.
«Que se hayan disminuido no quiere decir que los perdamos, quiere decir que la disminución de nuestros derechos debe estar sostenida legalmente», aclaró sin embargo.
“En la provincia el Gobernador ha delegado en el Ministerio de Seguridad gran parte del poder de regulación. Entonces desde ese ministerio se dictó una resolución que dispone la compra de supermercados según las terminaciones del DNI», indicó.
«Es una resolución, está escrita y es aplicable. Pero quizás por una mala o comunicación se ha interpretado mal la norma, o sea se entiende que algunos pueden salir algunos días por los números pares y otros con los impares, cuando en realidad eso sólo está establecido para la atención de los comercios», remarcó.
«La restricción de circular al divino botón siempre está presente», advirtió.
Sin embargo, recalcó que “dentro de la restricción, hay excepciones como ir a comprar comestibles, situaciones de fuerza de mayor, ir a darle de comer a los animales, ir a la chacra, comprar medicamentos».
«Se ha mal interpretado porque el gobierno está poniendo mucho énfasis en la faz represiva policial y no tanto en el mensaje de salud pública, que es el que debe de lograr la convicción social de cumplir la cuarentena», enfatizó el letrado.
«En este momento en el que nos damos cuenta de la importancia de un ministro coordinador. Al no tenerlo, se delegó demasiado poder en el ministro de Seguridad, que arregla todo metiendo en cana la gente”, cuestionó Gómez Lozano.
«La lógica policial es esa, que el que está en infracción debe ser detenido. El día que le pagaron a los jubilados acá en Madryn detuvieron a 120 personas porque sus documentos eran impares», insistió.
«La policía ni la gente han leído la resolución de la restricción comercial (37/20 publicada en el Boletín Oficial el 3 de abril último). El problema son los agentes ejecutivos», criticó.
«Lo que no se puede hacer es que un ministro de Seguridad regule cuestiones de comercio, transporte. Para eso están los respectivos entes, que están pintados», consideró.
«Hay una plataforma de autorizaciones de bienes y servicios. Cuando uno habla de regular las obras públicas y privadas, no puede ir al ministerio de Seguridad, tendría que abordarlo la Secretaría de Trabajo», fundamentó.
«Se le da un tinte represivo, cuanto debería tener un tinte orientador. La amenaza represiva no va a alcanzar nunca para hacer cumplir estas normas», sentenció Gómez Lozano.
