El Parlamento de Ecuador retomará hoy el debate de destitución del presidente Guillermo Lasso por su responsabilidad en la «conmoción interna» que deja cinco muertos en 13 días de protestas indígenas, tras haberlo aplazado tras casi ocho horas de deliberaciones.
Ayer, el movimiento indígena y el Gobierno sostuvieron un primer acercamiento, y horas después Lasso puso fin al estado de excepción que regía en seis de las 24 provincias del país con un robusto despliegue militar y toques de queda nocturnos.
Cientos de miles de indignados han protestado en Ecuador en rechazo al elevado costo de vida que hunde a sus territorios en la pobreza. Con un abanico de 10 reclamos aumentan la presión sobre Lasso, que ve en la manifestación un intento por derrocarlo.
La prolongada movilización dejó ya cinco manifestantes muertos, más de 100 detenidos y cerca de 500 heridos, entre civiles, policías y militares, según diversas fuentes. La semana pasada hubo protestas en Quito, la capital, duramente reprimidas.
El papa Francisco manifestó hoy su «preocupación» por la escalada, al tiempo que pidió «diálogo» para encontrar «rápido la paz social».
«Sigo con preocupación lo que pasa en Ecuador, estoy cercano a ese pueblo y animo a todas las partes a abandonar la violencia y las posiciones extremas», dijo el pontífice este domingo tras el rezo del Ángelus desde el Vaticano.
La Confederación Nacional de Indígenas (Conaie), la organización indígena más poderosa de Ecuador, que mantuvo varios diálogos sin resultados con el Gobierno antes de iniciar las protestas, exige una baja en los precios de los combustibles a 1,50 dólares del galón (3,78 litros) de diésel y a 2,10 de la nafta de 85 octanos.
Entre mayo de 2020 y octubre de 2021, los precios eran revisados mensualmente, por lo que el diésel casi se duplicó, pasando de 1 a 1,90 dólares, y la nafta común subió 46%, de 1,75 a 2,55.
Los reclamos también contemplan la falta de empleo, la entrega de concesiones mineras en territorios nativos. el control de precios de los productos agrícolas y la renegociación de deudas de campesinos con los bancos.
El jefe de Estado, un exbanquero que asumió hace un año, no asistió al debate sobre su destitución promovido por la oposición e iniciado ayer en la Asamblea Nacional (AN) pero designó a su secretario jurídico, Fabián Pozo, para leer su defensa.
«Los asambleístas (…) buscan desestabilizar la democracia», declaró Pozo. La bancada de Unión por la Esperanza (UNES), que responde al expresidente socialista Rafael Correa (2007-2017), acusó a Lasso de la «grave crisis política y conmoción interna».
«Vamos a elecciones anticipadas, que Lasso se vaya a su casa», clamó la asambleísta Pierina Correa, hermana del exmandatario.
Luego de casi ocho horas de deliberaciones, el debate se aplazó hasta hoy a las 16 (las 18 en Argentina), anunció el presidente de la AN, Virgilio Saquicela, informó la agencia de noticias AFP.
La destitución del mandatario requiere 92 de los 137 apoyos posibles en el Congreso. Después de los debates, los diputados tendrán un máximo de 72 horas para votar.
De ser aprobado, el vicepresidente Alfredo Borrero asumiría al poder y se llamarían a elecciones presidenciales y legislativas para el resto del período, que finaliza en 2025.
