El proyecto de ley que busca modificar el Código Penal en relación al lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, ha obtenido dictamen de mayoría en la Cámara de Senadores de Argentina y está listo para ser tratado en el recinto antes de fines de febrero. A pesar de que la iniciativa fue impulsada por el gobierno de Alberto Fernández, los legisladores del Frente de Todos se negaron a firmar el dictamen.
Uno de los aspectos más cuestionados del proyecto es el artículo quinto, que dejaba en manos del Ministerio de Economía la Unidad de Información Financiera (UIF). La oposición planteó cambios al proyecto durante una reunión plenaria de comisiones, proponiendo que vuelva a ser tratado en la Cámara de Diputados.
Sin embargo, los legisladores de la oposición que firmaron el dictamen lo hicieron bajo la promesa del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, de que el Poder Ejecutivo vetará el artículo conflictivo una vez que la ley sea sancionada. La intención es que la UIF continúe bajo la jurisdicción del Ministerio de Justicia, como establece la legislación actual.
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La urgencia por aprobar la ley está relacionada con la próxima evaluación de Argentina por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que iniciará el 3 de marzo. El país necesita tener la normativa aprobada para evitar ser incluido en la Lista Gris de países con legislación débil en lavado de activos.
El proyecto incluye la creación de un Registro de Proveedores de Servicios Virtuales, bajo la supervisión de la Comisión Nacional de Valores, para detectar operaciones sospechosas realizadas con activos virtuales como las criptomonedas. Además, establece que los abogados están obligados a reportar operaciones sospechosas, con excepción de ciertas actividades como el asesoramiento legal y litigios judiciales.
Fuente: Télam
