El Senado de la Nación aprobó en general la Ley de Inocencia Fiscal II por 44 votos a favor y 23 en contra. La iniciativa, impulsada por el Gobierno, busca modificar el régimen simplificado del impuesto a las Ganancias y facilitar la incorporación al circuito formal de ahorros que actualmente permanecen fuera del sistema financiero.
El proyecto ya contaba con media sanción de la Cámara de Diputados y llegó al Senado con cambios acordados durante su tratamiento parlamentario. Entre ellos se encuentra la eliminación de los límites de ingresos y patrimonio que condicionaban el acceso al régimen simplificado, además de una reducción de determinadas multas.
Uno de los principales cambios es la eliminación de los topes de $1.000 millones de ingresos anuales y $10.000 millones de patrimonio que regían para acceder al esquema. La iniciativa también flexibiliza el concepto de “discrepancia significativa” utilizado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y modifica el régimen de sanciones para personas humanas y pequeñas y medianas empresas.
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Otro punto incorporado durante el debate establece que funcionarios públicos de alta responsabilidad quedan excluidos de los beneficios y presunciones del régimen. La restricción alcanza tanto a quienes hayan ocupado determinados cargos durante los cinco años anteriores a su adhesión como a quienes ejerzan esas funciones posteriormente.
Durante la sesión, la senadora Patricia Bullrich defendió la iniciativa y sostuvo que permitirá a las familias utilizar sus ahorros en dólares con mayor libertad. “Estamos dando un paso importante para ser una Argentina simple y previsible”, afirmó, mientras que desde el oficialismo se planteó que la reforma busca facilitar el ingreso de dólares al circuito formal sin determinados controles fiscales.
Desde la oposición, el senador José Mayans cuestionó el alcance de la reforma y sostuvo que beneficia a determinados sectores. “Esta ley no es para los trabajadores, ni para los jubilados”, afirmó. Tras la aprobación en general, el Senado continuó con el tratamiento del proyecto de Biocombustibles, mientras que la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central quedó postergada por diferencias entre el oficialismo y los bloques aliados.
