El Senado de la Nación aprobó este viernes en general la ley de propiedad privada impulsada por el Gobierno nacional, que establece un régimen para agilizar los desalojos de ocupaciones ilegales y modifica aspectos vinculados a las expropiaciones. La iniciativa fue sancionada por 37 votos a favor y 33 en contra, luego de que el oficialismo aceptara eliminar dos de los capítulos más controvertidos del proyecto.
La norma obtuvo el respaldo de los bloques de La Libertad Avanza, la Unión Cívica Radical y el PRO, además de senadores provinciales de Misiones, Chubut, Neuquén y Provincias Unidas. Previamente, el Gobierno había retirado el capítulo sobre la extranjerización de tierras rurales y, durante la sesión, también debió eliminar las modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego por falta de apoyo de sectores dialoguistas.
El proyecto aprobado dispone que los desalojos por ocupaciones ilegales tramiten mediante un procedimiento sumarísimo, con el objetivo de reducir los tiempos judiciales. Asimismo, introduce cambios en el régimen de expropiaciones, una de las reformas defendidas por el oficialismo como un fortalecimiento del derecho a la propiedad privada.
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El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Agustín Coto, afirmó que la iniciativa busca simplificar los procesos judiciales y garantizar la protección de la propiedad privada prevista en el artículo 17 de la Constitución Nacional. Según explicó, las modificaciones apuntan a evitar que los propietarios enfrenten demoras prolongadas para recuperar sus bienes.
Durante el debate, el jefe del bloque justicialista, José Mayans, calificó el proyecto como «inconstitucional» y sostuvo que las reformas a la ley de expropiaciones representan «un robo a cara descubierta» de bienes estatales. También cuestionaron la iniciativa los senadores Daniel Bensusán y Ana Marks, quienes advirtieron sobre sus efectos en materia de soberanía y acceso a la tierra.
En defensa del proyecto, la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, aseguró que la ley busca reparar situaciones de usurpación sufridas por miles de ciudadanos y brindar mayor seguridad jurídica. Por su parte, el radical Maximiliano Abad respaldó la protección de la propiedad privada, aunque remarcó que las inversiones también requieren estabilidad económica e instituciones sólidas.
Fuente: Noticias Argentinas.
