El oficialismo busca la media sanción de la modificación de la Ley de Glaciares, clave para atraer inversiones mineras bajo el RIGI, pero llega al recinto con un número ajustado y aliados con fisuras.
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El Gobierno nacional enfrenta una votación decisiva en el Senado, donde en menos de 24 horas se debatirá la reforma de la Ley de Glaciares (26.639), una iniciativa estratégica para el esquema de inversiones mineras que impulsa la Casa Rosada a través del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
Según admiten en despachos legislativos, el oficialismo llega con un conteo extremadamente ajustado. “Es uno arriba, uno abajo, no sobra nada”, graficó un senador opositor que anticipó su voto negativo. La bancada libertaria aporta 21 legisladores propios, pero necesita alcanzar los 37 para lograr quórum y media sanción en la Cámara alta.
En la ingeniería parlamentaria, el oficialismo suma apoyos parciales de bloques aliados. De la UCR solo cuatro de sus diez integrantes acompañarían el proyecto. También se sumarían un senador del PRO, tres de Convicción, dos del Frente Renovador de la Concordia Social, uno de La Neuquinidad, uno de Primero los Salteños y uno del bloque Independencia. A ese esquema se agregarían los exgobernadores peronistas Sergio Uñac (San Juan) y Lucía Corpacci (Catamarca), representantes de provincias con fuerte perfil minero.
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Con ese armado, el número trepa a 36 votos, por lo que el oficialismo aún busca al menos una adhesión más. Entre las especulaciones aparece la sanjuanina Celeste Giménez, aunque desde sectores del kirchnerismo anticiparon que mantendría la postura partidaria contraria a la reforma.
El proyecto modifica el criterio de protección ambiental vigente desde 2010. En lugar de un enfoque científico uniforme a nivel nacional, propone que cada provincia determine el alcance de la tutela sobre glaciares y ambientes periglaciales. Esto implicaría una mayor discrecionalidad local en la autorización de actividades productivas.
Además, elimina la prohibición expresa de realizar minería en zonas periglaciales y habilita proyectos cercanos a glaciares siempre que las autoridades provinciales consideren que no afectan reservas estratégicas de agua.
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Para el Gobierno, la reforma es un paso indispensable para atraer inversiones mineras millonarias bajo el paraguas del RIGI y fortalecer el ingreso de divisas a la Argentina. Desde la oposición y organizaciones ambientalistas, en cambio, advierten que el cambio normativo debilita los presupuestos mínimos de protección ambiental establecidos en la Constitución Nacional y podría poner en riesgo reservas clave de agua dulce.
La votación se convirtió en una prueba de fuego para el oficialismo en el marco de las sesiones extraordinarias. Si bien algunos legisladores consideran que el Ejecutivo no llevaría el tema al recinto sin tener asegurados los votos, reconocen que la negociación fue más compleja de lo previsto.
El resultado marcará no solo el futuro de la política ambiental y minera en la Argentina, sino también la capacidad del Gobierno para consolidar mayorías circunstanciales en el Senado en proyectos sensibles.
Fuente: Infobae
Foto: Archivo
