Los jefes de la CGT, Héctor Daer y Carlos Acuña, en una conferencia de prensa al promediar la jornada, reclamaron que el gobierno que tome «acciones inmediatas» para «frenar la decadencia social, política y económica» y aseguraron que el paro no fue político.
Acuña dijo que la medida de fuerza, en la que también se registraron piquetes de agrupaciones de izquierda en los ingresos a la ciudad de Buenos Aires, «no es político, no es contra nadie» pero reconoció que se decidió la huelga porque «la gente nos estaba pidiendo alguna manera de acción» para enviar un mensaje al gobierno nacional.
Daer aseguró que, además de los sindicatos, «un sector mayoritario del pueblo argentino se sumó a la convocatoria de la CGT para reclamar medidas urgentes de rectificación de las políticas económicas que fueron erosionando la economía».
«Queremos ratificar el rumbo que ha tomado esta Confederación General del Trabajo en ir siempre en busca de un camino que resuelva los temas de los más necesitados, los temas de fondo de nuestro país y que permita de una vez por todas que en la Argentina se pueda vivir dignamente», dijo.
Luego, Acuña admitió que la medida de fuerza se debe a que «la gente nos estaba pidiendo de alguna manera una acción, encontrar un camino donde le pueda mandar un mensaje a este gobierno».
En ese sentido, consideró que el gobierno lanzó «cortinas de humo, como los diez puntos que quedaron en la nada» y aseguró que «esta CGT tuvo la prudencia necesaria para el diálogo».
«Hemos llevado siempre el diálogo, pero nunca hemos encontrado una respuesta a los pedidos y las inquietudes nuestras para mejorar el destino de los argentinos», acotó.
Previamente, en la sede del gremio de Camioneros, Hugo Moyano, argumentó que “estos paros no se hacen por capricho de los dirigentes sino por necesidad” y consideró que “las paritarias tienen que superar la inflación”.
El jefe de La Bancaria, Sergio Palazzo, anticipó que pedirá a la CGT que «encabece un plan de acción» contra la política socio-económica del Gobierno.
En tanto, el secretario general de ATE, Daniel Catalano, indicó que «el paro fue casi total en los metrodelegados, telefónicos, aeronáuticos y docentes, porque el malestar es insoportable».
El jefe del Sindicato de la Alimentación, Rodolfo Daer, aseguró que «el paro en el sector industrial es unánime y eso tiene que ver con la política económica de este gobierno», mientras que el secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, subrayó que «la contundencia del paro es absoluta» y lo atribuyó a que fue convocado «por todas las centrales de trabajadores».
PÉRDIDAS MILLONARIAS
Desde el gobierno, el ministro de Hacienda , Nicolás Dujovne, estimó que el paro general produjo una pérdida al país superior a los 40.000 millones de pesos, unos 6.000 millones más que la protesta del 29 de abril (cuando alcanzó los $34.367 millones), cifra que significa un 0,22% del PBI anual.
Según la evaluación del Palacio de Hacienda, la industria y el comercio son los sectores más afectados por el paro de la CGT.
El ministro de la Producción y Empleo, Dante Sica, señaló que «el paro no sólo es inoportuno sino que genera un gasto innecesario» y subrayó que “el Gobierno está avanzando en las paritarias con distintos sectores».
Sica, además, consideró que la medida «tiene más que ver con alguna posición política de algunos dirigentes sindicales de cara al cierre de listas que con una manifestación genuina».
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, enfatizó que el operativo de prevención implementado a primera hora para evitar bloqueos al tránsito permitió que «esté todo liberado» para que «la gente pueda venir a trabajar».
«Estamos hartos de los paros, de que cada dos por tres hagan un paro. Es el quinto paro. Cuando hay un gobierno que no es del partido de los sindicalistas, pasa esto», remarcó.
A raíz de la medida de fuerza, el Gobierno porteño dispuso que los peajes en las autopistas fueran gratuitos y el estacionamiento habilitado en las avenidas y calles donde está habitualmente prohibido o medido.
El paro afectó el funcionamiento de los servicios de colectivos, trenes, subtes, aviones, barcos y camiones, además de los bancos, escuelas y universidades, la administración pública y la justicia.
