Una escandalosa auditoría terminó con la expulsión de una empleada judicial del Poder Judicial de Río Negro, luego de que se descubriera que había cobrado su salario durante más de 400 días de licencia mientras trabajaba simultáneamente en dos organismos públicos de Neuquén. La situación fue detectada en mayo de 2024 y culminó con su exoneración formal en febrero de este año.
La investigación comenzó por orden del coordinador de Recursos Humanos de la Procuración General, Esteban Aliani, quien ordenó revisar el historial de Paula P., la empleada en cuestión. Entre 2019 y 2023, se constató un patrón de ausencias justificadas con certificados médicos y permisos extraordinarios, lo que levantó sospechas sobre su real situación laboral.
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Los cruces de datos con la AFIP y ANSES confirmaron que Paula P. también figuraba como empleada activa en la Municipalidad de San Martín de los Andes y en la Obra Social de Petroleros Privados. Esa doble y simultánea ocupación violaba las leyes que regulan la función pública en Río Negro, especialmente la Ley Orgánica 5731 y la Ley de Ética Pública.
Aunque la empleada intentó justificar su accionar alegando desconocimiento normativo y problemas personales, el dictamen del Tribunal fue claro: cometió faltas graves e incurrió en incompatibilidades que perjudicaron económicamente al Estado provincial. Su conducta fue calificada como contraria a los principios del servicio público.
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Finalmente, el 12 de febrero de 2025, el Superior Tribunal de Justicia resolvió su exoneración definitiva y remitió las actuaciones a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, que deberá evaluar si corresponde iniciar una causa penal por fraude a la administración pública.
Fuente: Noticias Argentinas.
