El Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires apeló el sobreseimiento de un adolescente de 14 años y pidió que la Cámara porteña revise la decisión de la jueza Laura De Marinis. El caso se originó por una tentativa de robo y quedó atravesado por la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil, vigente desde el 5 de septiembre.
El recurso fue presentado por los fiscales Mauro Tereszko y Paula Raffa Pirra, de la Unidad Fiscal Especializada en Materia Penal Juvenil. Además de cuestionar el sobreseimiento, solicitaron el apartamiento de De Marinis y que otro magistrado sea designado para continuar con el expediente.
La Fiscalía sostuvo que la resolución extingue la acción penal respecto del adolescente y genera, según su planteo, un perjuicio de imposible reparación posterior. El Ministerio Público busca así que la Cámara revise los fundamentos utilizados para declarar inaplicable el nuevo régimen en este caso y disponga la continuidad del proceso.
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La causa comenzó con la denuncia de un hombre de 47 años, quien relató que fue abordado por un grupo de jóvenes que le exigió que entregara su teléfono celular. El hecho no llegó a consumarse porque el denunciante logró alejarse y luego pidió asistencia a un efectivo de la Policía de la Ciudad.
En su resolución, De Marinis consideró que el hecho no había afectado la propiedad privada porque el robo no se concretó y señaló que el denunciante había atravesado una situación estresante. La magistrada también planteó que, frente a conductas cometidas por adolescentes por debajo de la edad que regía anteriormente, el Estado debe analizar respuestas vinculadas con la asistencia y la protección integral de derechos.
El nuevo Régimen Penal Juvenil, establecido por la Ley 27.801, comprende a adolescentes desde los 14 hasta antes de cumplir 18 años cuando son imputados por delitos. La norma reemplazó el régimen anterior y establece un sistema especializado que contempla responsabilidad penal, debido proceso, educación, resocialización e integración social. Ahora será la Cámara porteña la que deberá analizar los planteos de la Fiscalía y la resolución de primera instancia.
