Daniel Aponte, trabajador del Poder Judicial de Salta, irá a juicio junto a otros dos hombres por tráfico de estupefacientes. Llevaban la droga oculta en una camioneta registrada a nombre de su firma de transporte.
MIRÁ TAMBIÉN | Juicio YPF: Preska ordenó entregar información sobre el oro del BCRA
Un empleado del Poder Judicial de Salta fue enviado a juicio oral acusado de participar en el transporte de más de 23 kilos de marihuana, según lo resolvió el juez federal de Revisión Luis Renato Rabbi Baldi Cabanillas, integrante de la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones.
El acusado, Daniel Fernando Aponte, irá a juicio junto a Ángel Guido Luna y Darío Antonio Peralta, quienes seguirán detenidos con prisión preventiva hasta el inicio del debate oral. Los tres fueron imputados como coautores del delito de transporte de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas.
El operativo que derivó en la detención ocurrió en diciembre de 2024, cuando efectivos de Gendarmería Nacional realizaban un control sobre la ruta provincial 5, cerca de la ciudad salteña de Joaquín V. González. Allí interceptaron una camioneta Kia Sorento conducida por Luna, que se negó a mostrar el contenido del baúl. Al inspeccionar el vehículo, los gendarmes encontraron 24 paquetes ocultos, equivalentes a 23,6 kilos de marihuana, con una capacidad estimada de más de 438.000 dosis.
MIRÁ TAMBIÉN | Hallaron muerto a un soldado en un tanque del Ejército
Las tareas de investigación lideradas por la fiscal federal Paula Gallo revelaron que la camioneta pertenece a la firma “Aponte S.R.L.”, empresa de transporte registrada a nombre del empleado judicial y un familiar. Además, los cruces telefónicos expusieron la coordinación directa entre Aponte y el conductor Luna, quien era monitoreado en tiempo real durante el trayecto.
La fiscalía también logró vincular a Peralta a partir de evidencias en los celulares incautados, que demostraron que ambos viajaron juntos días antes del operativo a la ciudad de Orán para aprovisionarse de la droga.
El caso pone el foco en la participación de empleados estatales en redes de narcotráfico y suma presión sobre el Poder Judicial salteño, ya que Aponte continúa vinculado a la estructura judicial provincial.
Fuente y foto: Noticias Argentinas
