En un nuevo capítulo del juicio por la expropiación de YPF, la jueza Loretta Preska mostró fastidio por la falta de información y aceptó que el Gobierno debe dar datos sobre los activos del Banco Central, incluidos los lingotes enviados al exterior.
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El juicio por la expropiación de YPF sumó un episodio de alta tensión en el tribunal del Distrito Sur de Nueva York. En una audiencia de 72 páginas de transcripción, la jueza Loretta Preska dejó expuesto su malestar con el Estado argentino y los intentos por desvincular al Gobierno del Banco Central. El foco de la disputa fue el destino del oro que el BCRA habría enviado al exterior en 2023, y la negativa de los representantes legales argentinos a entregar información sensible de los exministros de Economía Sergio Massa y Luis Caputo.
Los estudios que representan a Burford Capital, firma que adquirió los derechos a litigar contra Argentina, reclamaron mensajes, correos y chats de los exfuncionarios para probar la figura del alter ego entre el Estado y YPF, lo que permitiría embargar activos del país, incluso del Banco Central. La jueza Preska coincidió con el planteo y afirmó que Caputo debe figurar como fuente de información, tras declarar públicamente sobre las decisiones en torno al oro.
Durante la audiencia, el abogado Seth Levine criticó la falta de colaboración y calificó el proceso como una “búsqueda del tesoro” en la que “Argentina tiene el mapa, pero no permite buscar el oro”. La defensa, encabezada por Robert Giuffra, insistió en que el BCRA es una entidad separada y que Caputo solo replicó información pública, advirtiendo sobre la sensibilidad soberana de citar a declarar a altos funcionarios.
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Sin embargo, Preska fue contundente: “No acepto esa excusa”. Rechazó además la confidencialidad automática de la información solicitada y exigió que las partes acuerden cómo excluir contenidos sensibles sin bloquear el rastreo de fondos.
Además, se pidieron detalles sobre fideicomisos estatales, relaciones con China, privatizaciones proyectadas y cuentas bancarias. Según el criterio de la jueza, todo aquello que permita ejecutar la sentencia que condenó a Argentina a pagar más de USD 16.000 millones puede ser objeto de embargo.
Mientras tanto, el fallo de primera instancia está apelado y se espera que las audiencias orales ante la Corte de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York tengan lugar recién a fines de octubre. Hasta entonces, la presión judicial crece, y los demandantes redoblan su estrategia para forzar al país a pagar o negociar.
Fuente: Infobae
Foto: Archivo
