La reciente desregulación del transporte de pasajeros de larga distancia, implementada por el Gobierno, generó preocupación en el sector. Tres fuentes empresariales confirmaron que, bajo las nuevas condiciones, dejarán de operar rutas que no resulten rentables, afectando principalmente a los pueblos con menos de 10.000 habitantes y los destinos turísticos fuera de temporada.
El decreto elimina los criterios de regularidad y obligatoriedad, lo que, según el sector, marca «el fin del servicio público de larga distancia».
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Las empresas ahora se enfocarán en rutas con alta demanda, como la costa atlántica durante el verano, dejando desatendidos aquellos lugares que no generen suficientes ingresos durante el resto del año.
Uno de los principales temores es que la entrada de operadores precarios afecte la calidad y seguridad del servicio, además de la reputación del sector. La flexibilización permite el uso de combis y habilita la operación en aeropuertos, lo que podría cambiar drásticamente la dinámica del transporte.
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Aunque la demanda del sector ha caído un 30% interanual, las empresas no reciben subsidios estatales, lo que agrava la situación financiera en medio de este escenario de desregulación.
Fuente: Ámbito.
