Durante más de un mes, los vecinos de una torre de 22 pisos en Villa Lugano vivieron una pesadilla: los cuatro ascensores del edificio fueron clausurados por falta de mantenimiento y 136 familias quedaron aisladas en sus departamentos.
La situación se volvió crítica para personas con movilidad reducida, adultos mayores y familias con niños pequeños. La Justicia intervino con una medida poco común: convocó una asamblea en el palier para destrabar un conflicto de consorcio que llevaba más de un año.
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El edificio, ubicado en la calle Cafayate al 5100, colapsó a nivel organizativo cuando la administración del consorcio, a cargo de una mujer identificada como P.P., se negó a rendir cuentas y a presentar documentación clave. Esta opacidad generó divisiones internas que derivaron en una doble administración y en disputas sobre el manejo de las expensas y el mantenimiento edilicio. La clausura de los ascensores fue el punto de quiebre.
Casos críticos se multiplicaron durante los 34 días sin elevadores. Personas con enfermedades como EPOC, vecinos en silla de ruedas o con lesiones óseas y padres cargando bebés por decenas de pisos fueron parte del paisaje cotidiano. “Me sentía prisionera en mi casa”, relató Cynthia Roldán, una de las copropietarias que impulsó la demanda judicial. La abogada Natalia Navarro, también vecina, sufrió ataques de ansiedad por el encierro y encabezó la presentación legal.
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La respuesta judicial llegó de la mano del juez Gustavo Caramelo, titular del Juzgado Nacional en lo Civil N° 1 de Capital Federal. Convocó a una asamblea in situ, en el propio palier del edificio, donde los vecinos votaron a mano alzada el rumbo a seguir. En minutos se resolvió una parálisis administrativa que llevaba meses y que afectaba seriamente la calidad de vida de los habitantes de la torre.
La asamblea judicial sentó un precedente inusual, permitiendo que los propios vecinos recuperen el control del consorcio. Aunque aún resta normalizar todos los servicios, la intervención de la Justicia devolvió la posibilidad de diálogo y gestión a una comunidad que, hasta ese momento, se sentía rehén del desorden. La experiencia deja un mensaje claro: cuando la convivencia se quiebra, el derecho puede ofrecer soluciones concretas.
Fuente: Infobae.
