El Gobierno nacional ultima detalles para enviar al Congreso una reforma clave que elevará de $1,5 millones a $100 millones el umbral a partir del cual la evasión fiscal será considerada delito penal.
La iniciativa forma parte de una serie de medidas con las que la Casa Rosada pretende incentivar la regularización voluntaria de capitales no declarados y generar confianza entre los ahorristas que aún mantienen fondos fuera del sistema financiero.
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La propuesta incluye también una reducción en los plazos de prescripción penal por delitos tributarios. Actualmente, la ley establece un período de cinco años, pero el oficialismo pretende acotarlo a tres. La idea es dar mayor previsibilidad a quienes se sumen al nuevo régimen simplificado de Ganancias, que entrará en vigencia el 1 de junio y permitirá adherirse con un solo clic, sin necesidad de presentar información sobre consumos ni patrimonios.
Fuentes oficiales anticiparon que la presentación del proyecto será formalizada en los próximos días, probablemente mediante una conferencia de prensa del vocero presidencial, Manuel Adorni. Aunque en principio se esperaba para esta semana, la Casa Rosada no descarta postergarla para asegurar el respaldo político y técnico necesario.
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El proyecto no contempla modificaciones a la Ley Penal Cambiaria ni a la normativa de prevención del lavado de activos. En el oficialismo aseguran que una reforma cambiaria recién podría debatirse en 2026, una vez que el plan económico actual haya madurado. Además, subrayan que se mantendrán intactas las facultades de la Unidad de Información Financiera (UIF) para investigar operaciones sospechosas.
Por otro lado, se establecerán nuevos umbrales para el monitoreo de operaciones financieras: $50 millones para transferencias individuales, $10 millones para extracciones en efectivo y $100 millones para inversiones en sociedades de bolsa o plazos fijos. La medida busca focalizar los controles en los grandes movimientos de capital sin obstaculizar a pequeños inversores.
Fuente: TN.
