La iniciativa será enviada al Congreso en Sesiones Extraordinarias e incluirá agravantes cuando el fuego afecte bosques o tenga fines intimidatorios.
MIRÁ TAMBIÉN | Argentina logra superávits gemelos tras 14 años
El Gobierno nacional enviará al Congreso de la Nación un proyecto de ley para endurecer las penas contra quienes provoquen incendios intencionales. La iniciativa, impulsada por el presidente Javier Milei, propone elevar las condenas, eliminar la excarcelación y sumar agravantes cuando el fuego afecte bosques, ecosistemas protegidos o tenga fines intimidatorios contra el Gobierno.
Actualmente, el Código Penal establece condenas de 3 a 10 años de prisión por incendios intencionales y de hasta 20 años si hay víctimas fatales. Con la reforma, las penas pasarían a ser de 4 a 12 años, y hasta 25 años si el fuego causa muertes o pone en riesgo a la población.
Uno de los puntos más polémicos es la eliminación de la excarcelación, impidiendo que los acusados puedan obtener la libertad mientras dure el proceso judicial.
MIRÁ TAMBIÉN | El municipio de Esquel implementa capacitaciones laborales en los barrios
El proyecto también suma agravantes en los siguientes casos:
- Cuando los incendios afecten bosques, ecosistemas o infraestructura crítica.
- Si el fuego tiene la intención de intimidar al Gobierno.
- Cuando el siniestro ponga en riesgo recursos naturales esenciales.
El ministro de Defensa, Luis Petri, sugirió que algunos incendios podrían ser considerados actos de terrorismo, aumentando las penas. “La Justicia debe imputar a los responsables no solo por estrago o incendio, sino también por terrorismo. Estos hechos deben terminarse”, afirmó.
MIRÁ TAMBIÉN | Detienen a un sospechoso por amenazar la Embajada de EE.UU.
El proyecto surge en medio de una grave ola de incendios forestales, con más de 37.000 hectáreas arrasadas en Chubut, Río Negro y Neuquén. Algunos funcionarios sostienen que muchos de estos incendios fueron provocados intencionalmente con fines políticos.
Desde la oposición y organizaciones ambientales advirtieron sobre el riesgo de criminalizar protestas o sectores sociales sin pruebas contundentes. El debate en el Congreso definirá los alcances de la iniciativa y su impacto en la legislación penal argentina.
Fuente: Infobae
Foto: Archivo


