Foto de archivo.
Lo expresó el concejal Matín Escalona, quien al dialogar con Radio 3 sostuvo que la acusación contra el intendente de Esquel incluye presunto tráfico de influencias e incumplimiento de deberes de funcionario público.
El concejal de Unión por la Patria (UxP) de Esquel, Martín Escalona, presentó una denuncia penal contra el intendente Matías Taccetta. La acusación incluye presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias e incumplimiento de deberes de funcionario público.
Al dialogar con Radio 3, Escalona explicó que la presentación judicial se realizó tras verse impedido de avanzar en una comisión investigadora. Dicha comisión, dijo, era clave para acceder a documentación sobre un polémico viaje del jefe comunal a México, supuestamente financiado por un grupo inversor.
MIRÁ TAMBIÉN: «Taccetta es como un niño, hay que estar llamándole la atención», dijo Escalona
“El Ejecutivo nunca respondió con claridad ni completitud a nuestros pedidos de informe. Por eso intentamos avanzar en la vía administrativa, que era la comisión investigadora, pero no hubo acompañamiento político”, explicó el edil.
La polémica se encendió cuando el propio Taccetta admitió que los gastos del viaje a México fueron cubiertos por privados. “La ley es clara: ningún funcionario puede recibir dádivas. Incluso un regalo debe registrarse como parte del patrimonio del Estado”, sostuvo.
El concejal cuestionó también la falta de transparencia del Ejecutivo municipal en otras situaciones. “No es sólo este hecho puntual. Hay malestar en la comunidad por la rotación de funcionarios, el incumplimiento de ordenanzas y la falta de respuesta institucional”, afirmó.
TE PUEDE INTERESAR: El “Charro” Taccetta camina por la cornisa
Taccetta, por su parte, no compareció ante el Concejo Deliberante para dar explicaciones. Según Escalona, el intendente prefirió responder a través de los medios y evitar la instancia legislativa.
“Nos vimos obligados a hacer la denuncia penal. La ley nos impone esa responsabilidad ante la presunción de un delito”, concluyó Escalona. Ahora será la Justicia la que deberá investigar si existió o no responsabilidad penal en los hechos denunciados.
