España avanza en una nueva regulación para el uso de la inteligencia artificial. El Consejo de Ministros aprobó el proyecto de Ley para el Buen Uso y la Gobernanza de la Inteligencia Artificial, una iniciativa que busca adaptar la legislación nacional al Reglamento Europeo de IA y establecer límites concretos frente a usos considerados peligrosos.
Uno de los puntos centrales del proyecto es la prohibición de los deepfakes sexuales generados con inteligencia artificial, así como de sistemas que puedan utilizarse para crear o modificar contenido de abuso infantil. La medida apunta a reforzar la protección de los derechos digitales, la intimidad y la dignidad de las personas frente al uso indebido de estas herramientas.
El texto fue remitido al Congreso de los Diputados para iniciar su tramitación parlamentaria. Según explicó el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, el objetivo es garantizar un modelo de IA “confiable” y compatible con la protección de los derechos ciudadanos.
🧑💻El Ejecutivo aprueba la norma que garantiza la supervisión humana en el uso de la IA y adapta la legislación española al reglamento europeo.
«Con esta ley, España se sitúa como país líder en la regulación y construcción de un modelo de IA confiable», @oscarlopeztwit. pic.twitter.com/3kV7mFbnKe
— La Moncloa (@desdelamoncloa) May 26, 2026
La propuesta recoge el esquema de clasificación por niveles de riesgo previsto en el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, vigente desde agosto de 2024. Ese sistema permite diferenciar entre usos permitidos, aplicaciones de alto riesgo y herramientas directamente prohibidas por representar un peligro inaceptable para la seguridad, la salud o los derechos fundamentales.
Entre los sistemas prohibidos se incluyen aquellos que utilizan técnicas subliminales para manipular decisiones, explotan vulnerabilidades vinculadas a la edad, discapacidad o situación socioeconómica, emplean datos biométricos para clasificar personas o califican a los ciudadanos según su comportamiento social o rasgos personales.
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La normativa también incorpora obligaciones de supervisión y transparencia para los sistemas que no estén prohibidos. Las empresas que desarrollen o comercialicen herramientas de IA deberán presentar información periódica para actualizar la clasificación de sus modelos y permitir que las autoridades evalúen si pueden seguir operando, deben restringirse o pasar a estar prohibidos.
El régimen de sanciones contempla multas de hasta 35 millones de euros o el 7% del volumen de negocio global para las infracciones más graves. En los casos vinculados al uso de sistemas prohibidos, la responsabilidad no alcanzaría solo a las empresas, sino también a sus directivos.
Además, el proyecto prevé medidas específicas para el sector público estatal, como la creación de un inventario de sistemas de IA utilizados en procedimientos administrativos y la figura del delegado de inteligencia artificial, encargado de coordinar el cumplimiento normativo y brindar asesoramiento técnico en proyectos institucionales.
Con esta iniciativa, España busca posicionarse entre los países europeos más avanzados en regulación de inteligencia artificial, combinando innovación tecnológica, competitividad y protección de derechos en un contexto de creciente preocupación por los riesgos asociados al uso masivo de estas herramientas.
Con información de Wired / Foto: Carlos Lujan/Europa Press via Getty Images.
