Este miércoles culminó en España el plazo para que los hijos y nietos de exiliados durante la Guerra Civil y la dictadura franquista tramiten la nacionalidad española. La medida, contemplada en la Ley de Memoria Democrática aprobada en 2022, permitió reconocer el derecho a miles de descendientes de quienes debieron abandonar el país por motivos políticos o sociales.
Durante los tres años de vigencia de la ley —que incluyó una prórroga adicional de un año—, cerca de un millón de personas acudieron a consulados españoles en distintos países para presentar su solicitud. Argentina y Cuba encabezaron la lista de tramitaciones, seguidas por México y Chile, naciones que recibieron a una gran parte del exilio español durante el siglo XX.
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De acuerdo con cifras oficiales hasta septiembre, el Gobierno español concedió 237.145 nacionalidades bajo este régimen especial. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, destacó que “el proceso fue un ejercicio de justicia histórica y reparación moral” para quienes perdieron su ciudadanía por el exilio forzado.
La ley también benefició a los hijos de mujeres españolas que perdieron la nacionalidad al casarse con extranjeros, así como a los hijos mayores de edad de quienes obtuvieron la ciudadanía mediante la anterior Ley de Memoria Histórica de 2007. Con el cierre del plazo, el Ejecutivo español analizará posibles nuevas vías de inclusión para casos pendientes.
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Se estima que más de medio millón de españoles se exiliaron al finalizar la Guerra Civil de 1939, y miles más durante el régimen de Francisco Franco. Muchos hallaron refugio en América Latina, especialmente en Argentina, México y Cuba, donde sus descendientes ahora recuperaron un lazo histórico con sus raíces.
Fuente: DW.
