A pocos días de entregar el poder, el próximo 7 de agosto, el Gobierno colombiano quedó envuelto en una nueva polémica por el caso de Juliana Guerrero, una joven de 23 años que, pese a no contar con título universitario al momento de ser promovida por el mandatario, continuó ocupando funciones dentro de la administración nacional.
El conflicto escaló luego de que la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez, revelara que había advertido personalmente a Petro sobre la influencia que Guerrero ejercía dentro del Ejecutivo. Según afirmó, se negó a designarla como viceministra por no reunir los requisitos profesionales exigidos.
La controversia tomó mayor dimensión tras una investigación periodística que denunció que Juliana Guerrero y su hermana habrían ofrecido a empresarios gestionar contratos con organismos estatales a cambio de pagos anticipados y comisiones. El supuesto mecanismo incluía el cobro de una reunión inicial, un anticipo millonario y un porcentaje del valor de los contratos obtenidos.
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Petro rechazó las acusaciones y sostuvo que corresponde a la Fiscalía investigar los hechos. El mandatario aseguró que, si se comprueban las denuncias, se trataría de una estafa realizada por particulares y no de una maniobra ilegal impulsada desde su Gobierno.
En respuesta a las declaraciones de Rodríguez, el presidente anunció acciones judiciales en su contra y la calificó de «gran manipuladora», además de acusarla de lanzar afirmaciones calumniosas. La exfuncionaria respondió presentando una denuncia ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes por presuntos delitos de injuria, calumnia y tráfico de influencias, mientras también advirtió sobre otros supuestos nombramientos irregulares dentro de la administración.
FUENTE: EFE.
IMÁGEN: EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda.
