La Fiscalía de Bolivia emitió este miércoles una orden de captura contra el expresidente Evo Morales, acusado de terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, además de otros delitos vinculados a los bloqueos y protestas que se desarrollaron entre mayo y junio para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
La orden, firmada por el fiscal Brayan Melgar, también imputa a Morales por presuntos delitos de atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos. La medida fue confirmada a la agencia EFE por una fuente cercana al exmandatario.
Durante siete semanas, organizaciones campesinas de La Paz y la Central Obrera Boliviana (COB), con respaldo de sectores afines a Morales, llevaron adelante cortes de rutas en el occidente y centro del país. Según las autoridades, las protestas provocaron desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal, dejaron al menos 16 fallecidos y ocasionaron pérdidas económicas superiores a los 3.000 millones de dólares.
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La denuncia fue presentada a comienzos de julio por dirigentes cívicos de Santa Cruz y luego respaldada por el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo. La causa también alcanza al secretario ejecutivo de la COB, Marco Argollo, y al dirigente campesino Vicente Salazar, quien permanece detenido preventivamente por otra investigación relacionada con los mismos hechos.
Morales rechazó las acusaciones y afirmó que nunca promovió la renuncia de Rodrigo Paz, sino que las movilizaciones buscaban respuestas a las demandas sociales. Sin embargo, el 24 de mayo publicó en la red social X que el mandatario tenía solo «dos caminos» frente a la crisis: militarizar el país o convocar a elecciones anticipadas en un plazo de 90 días.
El exmandatario permanece desde octubre de 2024 en el Trópico de Cochabamba, donde es protegido por cientos de seguidores para evitar otra orden de captura vigente en su contra por una causa por trata agravada de personas. En ese expediente se lo investiga por su presunta relación con una menor de edad con la que habría tenido una hija en 2016. En mayo de este año, un tribunal de Tarija lo declaró en rebeldía tras no presentarse al inicio del juicio y ratificó la orden de detención.
FUENTE: EFE.
IMÁGEN: EFE/ Jorge Abrego.
