El Gobierno español aprobó hoy prorrogar hasta el final de enero las medidas del llamado «escudo social» frente a la pandemia de coronavirus, entre ellas la prohibición de desalojos, la moratoria de alquileres a personas vulnerables, y las suspensiones de empleo que evitaron cientos de miles de despidos por la crisis.
La batería de medidas del Ejecutivo progresista busca aportar estabilidad económica en los próximos meses, que se avecinan difíciles, debido a un posible recrudecimiento de la segunda ola de coronavirus, que puede obligar a endurecer las restricciones a la población, retrasando la recuperación económica.
«Si salvamos el otoño y el invierno entraremos de lleno en la recuperación», aseguró la Ministra de Trabajo española, Yolanda Díaz, tras llegar a un acuerdo en el marco del diálogo social- sindicatos y empresas- para la ampliación de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), un mecanismo que impidió despidos masivos vía ayudas públicas.
La CEOE (Conferencia Española de Organizaciones Empresariales) y Cepyme -pequeñas y medianas empresas- suscribieron el acuerdo a última hora, después de que el texto del Gobierno incorporó a sectores golpeados por la crisis del coronavirus que habían quedado marginados de las ayudas, como la actividad comercial.
Las organizaciones empresariales dijeron en un comunicado que confían que el acuerdo «permita garantizar la continuidad de la mayor cantidad de empresas y empleos posibles en una coyuntura económica tan adversa y dilatada en el tiempo».
Una de las novedades es que los ERTE en vigor se extienden hasta el 31 de enero de 2021, sin merma en las ayudas que reciben los trabajadores.
Además, se creó un ERTE para cuando las autoridades locales, regionales o estatales limiten la ocupación de espacios horarios o actividades de negocios.
De forma general se mantiene la cobertura del 70% del salario de los trabajadores que superen los seis meses en ERTE, algo que en la legislación actual obligaría a un recorte del 50%.
Actualmente las empresas pueden acogerse a este mecanismo de suspensión de sus empleados cuando su actividad se ve limitada o impedida por el coronavirus.
El empresario recibe una bonificación del 100% de los aportes patronales en el caso de empresas de menos de 50 trabajadores (de 90% cuando son más), mientras el Estado bonifica al empleado suspendido hasta un 70% de su salario base. La empresa no puede despedir, pero si lo hace debe devolver el dinero de las exoneraciones.
Millones de trabajadores se beneficiaron de los ERTE cuando el Gobierno decretó el estado de alarma a mediados de marzo e impuso uno de los confinamientos más estrictos de Europa para frenar el avance descontrolado del coronavirus.
Al levantarse progresivamente las medidas restrictivas, muchos volvieron a sus puestos de trabajo pero al día de hoy más de 700.000 siguen recibiendo estas ayudas.
El Ejecutivo de coalición progresista también extiende durante cuatro meses la medida que suspende los desalojos por impago inmobiliario o la moratoria de alquileres y prórroga de los contratos vencidos.
Asimismo, el Gobierno aprueba nuevas ayudas para los autónomos que han visto suspendida o limitada su actividad por el coronavirus.
En paralelo, el Gobierno autorizó hoy que los gobiernos regionales puedan contratar de forma excepcional a personal sanitario extracomunitario por fuera de la Unión Europea para aliviar la sobrecarga de la Sanidad Pública.
En el país hay cientos de profesionales sanitarios latinoamericanos dispuestos a ejercer, pero no pueden hacerlo porque no tienen completados todos los trámites de homologación de títulos o permisos de residencia.
Según el Ministerio de Sanidad, se podrá contratar a los sanitarios extracomunitarios siempre que el Comité de Evaluación haya emitido el informe propuesto, es decir que esté en primera fase de tramitación del expediente, citó la agencia de noticias EFE.
Casi 750.000 personas dieron positivo de coronavirus desde el inicio de la pandemia en marzo, y de los cuales 31.411 fallecieron, según el último balance del organismo sanitario.
