La petrolera YPF, Aerolíneas Argentinas, Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), Banco de la Nación Argentina, Ferrocarriles Argentinos y la agencia de noticias Télam figuran entre las 41 empresas públicas que fueron declaradas «sujetas a privatización» en el proyecto de Ley Ómnibus enviado por el presidente Javier Milei al Congreso.
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De acuerdo con el texto de la iniciativa denominada ´Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos´, la venta al sector privado de las empresas públicas se funda en «la necesidad de concentrar la actividad del Estado en sus funciones esenciales».
La propuesta también apunta a «generar mayor competencia y eficiencia económica, reducir la carga fiscal, mejorar la calidad de los servicios, promover la inversión privada y profesionalizar la gestión de las empresas», según los fundamentos de la iniciativa.
Puntualmente, en el Artículo 8 del Capítulo II del Título II, se declara «sujeta a privatización en los términos y con los efectos de la Ley N° 23.696 de Reforma del Estado, a las empresas y sociedades de propiedad total o mayoritaria estatal».
De esta manera, se faculta «al Poder Ejecutivo Nacional a proceder a la enajenación de las participaciones accionarias o de capital del Estado Nacional y/o sus entidades en toda empresa privada, que no le otorguen la mayoría de capital social necesario para ejercer el control de tales entidades, para lo cual se aplicarán en lo pertinente los procedimientos previstos en el Capítulo II de la Ley N° 23.696».
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El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 dado a conocer la semana pasada fue el puntapié inicial para avanzar en esta línea.
En el DNU, que comenzará a regir en los próximos días y que es objeto de varios amparos judiciales en su contra, se establece la modificación del «status jurídico de las empresas públicas, reconvirtiéndolas en Sociedades Anónimas, acordes al régimen de la Ley General de Sociedades», según consigna en sus considerandos.
La venta de las empresas del Estado es una idea que Javier Milei tiene desde antes de asumir la presidencia de la Nación.
En reiteradas ocasiones, durante la campaña electoral, deslizó la posibilidad de desprenderse de patrimonio público y calificó a las empresas estatales como «generadoras de déficit».
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Las empresas públicas sujetas a privatización son la Administración General de Puertos; Aerolíneas Argentinas; Empresa Argentina de Soluciones Satelitales; Agua y Saneamientos Argentinos (AySA); Banco de la Nación Argentina; Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE); Casa de Moneda; y Contenidos Públicos.
También figuran Corredores Viales; Correo Oficial de la República Argentina; Construcción de Viviendas para la Armada Argentina; Dioxitek; Empresa Argentina de Navegación Aérea; Educ.AR; Energía Argentina (Enarsa); Fabricaciones Militares; Ferrocarriles Argentinos; Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias.
A las que se suman la Fábrica Argentina de Aviones «Brig. San Martín»; Intercargo; Playas Ferroviarias de Buenos Aires; Polo Tecnológico Constituyentes; Radio de la Universidad Nacional del Litoral; Radio y Televisión Argentina; Servicio de Radio y Televisión de la Universidad de Córdoba; Talleres Navales Dársena Norte; Télam; Belgrano Cargas y Logística; Yacimientos Carboníferos Fiscales; Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) e YPF.
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Incluye también a Nucleoeléctrica Argentina; Vehículo Espacial Nueva Generación; Operadora Ferroviaria; Administración de Infraestructuras Ferroviarias; Desarrollo del Capital Humano Ferroviario SAPEM; Pellegrini; y las 4 empresas descentralizadas del Grupo Banco Nación.
El texto presentado también deroga el artículo 35 de la Ley N° 24.804, que establecía que «Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima mantendrá hasta un veinte por ciento (20 %) de su capital y una (1) acción como mínimo en poder del Estado nacional, correspondiendo su tenencia así como el ejercicio de los derechos societarios al Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación».
Además, sustituye el artículo 37 de esa misma Ley por el siguiente: «A los fines de las privatizaciones señaladas en el artículo 36, se constituirán sociedades anónimas, en las cuales el Poder Ejecutivo nacional podrá conservar una (1) acción con derecho a veto en las decisiones que impliquen el cierre de la actividad». El cambio en este caso es el reemplazo de Estado Nacional por Poder Ejecutivo nacional.
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La Ley 24.804 legisla sobre las funciones del Estado en la actividad nuclear.
Fuente: Télam.
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