El Ministerio Publico Fiscal informó que el próximo miércoles 23 de marzo, a las 8.30, se reanudará la audiencia preliminar en la causa penal contra la ex ministra de Educación y actual diputada provincial Graciela Cigudosa, empleados y contratistas de Estado.
Luego de impugnaciones por parte los fiscales y los defensores, en esa audiencia el juez de garantías, Fabio Monti, deberá determinar si la investigación penal cumple con los requisitos para ser enviada a Juicio Oral y Público.
Cigudosa renunció al Ministerio cuando comenzó la investigación y se realizaron los primeros allanamientos, a principios de 2019. Semanas después integró la lista de diputados que acompañó al gobernador Mariano Arcioni en las elecciones y en diciembre asumió como diputada. En diciembre de 2021 fue una de las legisladoras que votó en contra de la Iniciativa Popular y a favor de la “Zonificación”, y su mandato se extiende hasta diciembre de 2023.
Además de ella, en la causa están imputados el ex Secretario de Coordinación del ministerio, Raúl Care; su secretario privado, Gustavo Hueichan; y los contratistas Daniel Schmidt, Félix Currumil, Roxana Pereira y Jorge Santucho.
La investigación se desarrolló en base a una presunta administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública, en la modalidad de delito continuado, a partir de obras de refacción y mantenimientos de escuelas con un perjuicio para el Estado de $ 1.465.615.
Según los investigadores, se realizó un aparente trámite de concursos de precios en donde aparecían distintos proveedores pujando y donde supuestamente después el Estado elegía a la empresa que iba a ejecutar la obra en función del mejor precio.
Sin embargo, detrás de esto “la verdadera intención de los imputados era quedarse con las obras simulando una falsa competencia”, ya que había “estrechas relaciones” entre las partes. La causa investiga, concretamente, contrataciones para el mantenimiento y reparación de 24 escuelas de Rawson y Playa Unión.
Además de este presunto direccionamiento, los investigadores señalaron que hubo un sobreprecio en las ofertas para “hacer más rentable el negocio”; y además el Estado anticipó el 50 % del monto total inmediatamente después de comenzados los trabajos.
Los investigadores destacaron que las tareas a realizar no se condecían con las reales necesidades de los establecimientos educativos.
Finalmente se recordaron las imputaciones que recaen sobre los implicados en el caso: Cigudosa, Hueichián y Care están acusados de “defraudación por administración infiel” y el resto de los imputados como “partícipes necesarios” de ese delito.
En el caso particular de Schmidt también se suma la imputación de “violación de pruebas, registros y documentos” y que intentó ocultar documentación que lo incriminaba durante el allanamiento a su empresa constructora, cuando arrojó al inodoro del baño escritos que antes había destruido parcialmente.
