El expresidente peruano Alejandro Toledo, investigado por corrupción y lavado de dinero en el marco del megaescándalo de sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht, fue recluido en el penal de Barbadillo, en Lima, donde también se encuentran los expresidentes Alberto Fujimori y Pedro Castillo.
Tras ser extraditado desde Estados Unidos, Toledo deberá cumplir 18 meses de prisión preventiva por el Caso Interoceánica Sur a la espera de juicio, anunció el Poder Judicial anoche, tras descartar el arresto domiciliario que solicitaba el acusado.
“La orden expirará en octubre del 2024. Si para entonces ya tiene una condena, su estancia podría prolongarse por muchos años más”, indicó el medio local El Comercio.
De 77 años y diagnosticado con cáncer según sus abogados, Toledo llegó ayer en un vuelo procedente de Los Ángeles bajo custodia de agentes de la Interpol.
El exmandatario ya se encuentra en el penal Barbadillo, una cárcel destinada exclusivamente a expresidentes.
Allí también están presos Fujimori (1990-2000), quien cumple una condena de 25 años por crímenes de derechos humanos; y el reciente expresidente Castillo (2021-2022), en prisión preventiva mientras se lo investiga por supuesto intento de golpe de Estado luego de querer cerrar el Congreso.
El penal está pegado a dos cerros áridos, y tiene una gran cancha de fútbol. Decenas de policías lo rodean y siempre hay una ambulancia estacionada.
El traslado al penal de Toledo se hizo anoche en helicóptero desde el cuartel policial Los Cibeles, en un vuelo nocturno de 15 minutos.
Al llegar a Lima, Toledo compareció ante una jueza en una audiencia para verificar su identidad, donde se limitó a dar su nombre y asegurar «que pasó el examen de salud» que le realizaron previamente.
El exhombre fuerte de Perú, que gobernó de 2001 a 2006, se entregó a pedido de un juez la mañana del viernes en un tribunal federal en San José, California.
Está acusado de haber recibido millones de dólares de Odebrecht a cambio de licitaciones para obras públicas. Los fiscales piden 20 años y seis meses de cárcel.
Toledo, que siempre ha alegado inocencia, descendió del avión por sus propios medios tras ser conducido en silla de ruedas por los alguaciles que lo embarcaron rumbo a Lima.
El exmandatario había sido detenido en 2019 en Estados Unidos, donde residía tras haber trabajado en la Universidad de Stanford. Inicialmente fue encarcelado, pero en 2020 fue puesto bajo arresto domiciliario con una tobillera electrónica.
En la causa judicial deberá responder por los presuntos delitos de lavado de activos, colusión ilegal y tráfico de influencias, derivados de la supuesta recepción de un soborno por unos 35 millones de dólares pagado por la constructora brasileña Odebrecht por la adjudicación de un tramo de la carretera Interoceánica, que conecta al Pacífico de Perú con el Atlántico de Brasil.
En ese sentido, el Ministerio Público ha solicitado se le imponga 20 años y seis meses cárcel. El caso se encuentra en la etapa intermedia, es decir, de control de acusación, a cargo del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional liderado por el magistrado Richard Concepción Carhuancho.
La constructora brasileña Odebrecht reconoció el pago de coimas en Brasil y en otros países de la región en el marco del escándalo Lava Jato, por el que decenas de políticos y empresarios de América Latina están encarcelados.
Lava Jato es el caso matriz que descubrió la corrupción del gigante brasileño en su país y la región.
En el caso de Toledo han sido claves los testimonios de su antiguo colaborador Josef Maiman, y de Jorge Barata, exrepresentante de Odebrecht en Perú. Ambos afirman que el exmandatario recibió los sobornos.
Otros 4 expresidentes peruanos enfrentan procesos judiciales por corrupción: Ollanta Humala (2011-2016), Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), Martín Vizcarra (2018-2020) y Pedro Castillo (2021-2022).
Perú ha sido uno de los países de la región más afectados por la corrupción del escándalo Odebrecht, que salpicó a casi todos los presidentes del siglo XXI.
El expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) fue condenado también por corrupción, además de crímenes de lesa humanidad, y Alan García (2006-2011) se suicidó en 2019 cuando la policía estaba a punto de detenerlo bajo sospechas de vinculación con el caso Odebrecht.
Fuente: Télam
