El Ministerio de Economía anunció la extensión de la emergencia agropecuaria declarada en la provincia de Córdoba debido a los estragos causados por la sequía y las heladas. La Resolución 1523/2023, publicada este jueves en el Boletín Oficial, establece que esta situación se mantendrá vigente hasta el 29 de febrero del próximo año.
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La medida abarca a las explotaciones agrícolas, forestales y frutihortícolas afectadas por estos fenómenos climáticos, considerando esa fecha como el final del ciclo productivo para las explotaciones afectadas.
Los 21 de los 26 departamentos de la provincia de Córdoba afectados por la sequía son Sobremonte, Río Seco, Tulumba, Ischilín, Totoral, Río Primero, Colón, Punilla, San Alberto, Pocho, Santa María, Río Segundo, San Justo y Tercero Arriba , además de General San Martín, Juárez Celman, Río Cuarto, General Roca, Presidente Roque Sáenz Peña, Unión y Marcos Juárez.
Esta prórroga responde al decreto provincial 992 de agosto de este año, que fue posteriormente analizado y homologado por la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios.
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En el marco de esta emergencia, los productores afectados deben presentar un certificado emitido por la autoridad provincial competente que confirme la situación de emergencia en sus predios o explotaciones. El Gobierno de Córdoba enviará el listado de los productores afectados a la Comisión correspondiente.
Las instituciones bancarias nacionales, oficiales o mixtas y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) facilitarán los medios para que los productores en cuestión puedan acceder a los beneficios previstos.
Estos beneficios incluyen el diferimiento de los pagos de impuestos que gravan el patrimonio, capitales o ganancias de las explotaciones afectadas hasta el ejercicio siguiente a la finalización de la emergencia. También se suspende el inicio de juicios de ejecución fiscal para el cobro de impuestos adeudados, y en caso de que ya estuviera iniciado, deberá paralizarse hasta que expire la emergencia .
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Además, se permite la deducción en el saldo impositivo de ganancias del 100% de los beneficios derivados de la venta forzada de hacienda bovina, ovina, caprina o porcina. La AFIP otorgará planes de facilidades de pago especiales para la regularización total o parcial de los pagos de la seguridad social, incluyendo intereses, multas y sanciones.
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